La Fiscalía General de la República (FGR) admitió este lunes que existe una “alta probabilidad de contaminación” en las cabañas del municipio de Tapalpa, Jalisco, donde el pasado 22 de febrero fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En un comunicado oficial, la dependencia federal reconoció que diversas personas ingresaron sin autorización a los inmuebles antes de que fueran formalmente asegurados por las autoridades, lo que alteró la escena de los hechos y comprometió la preservación de posibles evidencias.
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¿Por qué no se aseguró el lugar de inmediato?
La FGR explicó que el operativo para capturar al líder criminal fue de “alta complejidad táctica”. Durante el procedimiento se registraron enfrentamientos armados en una zona despoblada y alejada de las cabañas, como consecuencia de la resistencia del detenido y de otros integrantes de la organización.
El saldo incluyó víctimas mortales y el propio Oseguera Cervantes resultó herido, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital. La fiscalía señaló que fue necesario reubicar a los elementos participantes para custodiar a los detenidos y reforzar puntos estratégicos ante una posible reacción del CJNG.

A eso se sumó que el lugar “no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”, por lo que el aseguramiento de los inmuebles no se realizó de forma inmediata.
La FGR solicitó una orden de cateo judicial para ingresar legalmente a seis propiedades una vez que la situación fue contenida.
Personas ajenas ingresaron primero: el problema central
Antes de que la Fiscalía ejecutara la orden de cateo, personas sin ninguna autorización legal ingresaron a las cabañas, incluidos medios de comunicación nacionales que documentaron y difundieron imágenes del interior de los inmuebles.
La FGR fue directa al respecto: “esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí”.
Diversos medios publicaron información detallada a partir de documentos encontrados en la escena, como presuntos listados de pagos a colaboradores del CJNG —conocidos como narconóminas—, correspondencia personal, mapas estratégicos, altares y medicinas.
La cadena de custodia, en riesgo
La institución también advirtió sobre las consecuencias legales de esa intromisión. De acuerdo con su comunicado, “no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”.
Esto significa que cualquier evidencia hallada en las cabañas enfrenta un serio cuestionamiento de validez procesal si el caso llegara a juicio.
Investigación interna en curso
La FGR señaló que “existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos”, situación que será valorada para determinar las acciones legales que correspondan.
Adicionalmente, la institución abrió una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en irregularidades al no preservar la escena. La dependencia no precisó si esa indagatoria apunta a elementos propios o a personal de otras instituciones que participaron en el operativo.
La FGR indicó que las investigaciones relacionadas con el caso continúan y que mantendrá informada a la opinión pública conforme lo permita el debido proceso.
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