Capturado en Chihuahua y llevado al penal del Altiplano, enfrentará proceso federal por ocultar recursos desviados de las arcas estatales
MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, acusado ahora del delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), después de que el gobierno de Estados Unidos autorizara que se le procesara por un delito distinto a los que motivaron su extradición en 2022.
Duarte, quien ya enfrentaba un proceso en Chihuahua por peculado y asociación delictuosa, fue detenido en territorio chihuahuense y será trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, para ser puesto a disposición de un juez federal.
Lo que se le imputa
Según la FGR, el exmandatario priista (2010-2016) participó en un esquema de lavado en el que buscó ocultar, a través del sistema financiero mexicano, recursos desviados de las arcas públicas de Chihuahua.
La orden de aprehensión había sido emitida por un juez federal desde el 16 de mayo de 2024, pero no se había podido ejecutar porque la extradición concedida por EU en 2022 solo cubría los delitos de peculado y asociación delictuosa.
El permiso clave de Washington
El pasado 4 de octubre de 2024, México solicitó formalmente a Washington autorización para enjuiciar a Duarte por un delito diferente. La respuesta afirmativa llegó este 4 de diciembre de 2025, lo que permitió a la FGR proceder a su captura.
Doble proceso penal
Con esta detención, César Duarte enfrentará dos procesos en paralelo:
Federal: por lavado de dinero, ante un juez en el Estado de México.
Estatal: por peculado y asociación delictuosa, ante la justicia de Chihuahua.
El exgobernador ya había sido detenido en EU el 8 de julio de 2020 y extraditado a México el 2 de junio de 2022.
La captura de Duarte representa un nuevo episodio en uno de los casos de supuesta corrupción gubernamental más prolongados y mediáticos del país, y reactiva el debate sobre la recuperación de recursos públicos y la impunidad de exfuncionarios.
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