La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado la obtención de órdenes de aprehensión en contra de una presunta red criminal liderada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón.
Los delitos imputados a esta red incluyen peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Según la FGR, la red involucra a servidores públicos y particulares, entre los que se encuentran Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, presuntos socios y prestanombres de García Luna.
Estos individuos habrían colaborado activamente en la red criminal.
Revelaciones de la Fiscalía
La fiscalía ha revelado que al menos 60 personas se habrían coludido con el exsecretario de Seguridad para saquear los recursos públicos destinados a la prevención y readaptación social, específicamente los fondos asignados a las cárceles federales.
Se estima que la suma total de los recursos desviados asciende a 5 mil 112 millones de pesos.
Los recursos sustraídos fueron canalizados a empresas controladas por Genaro “G”, sus socios y cómplices tanto del sector público como del privado.
La FGR sostiene que se utilizaron diez contratos ilícitos para realizar las triangulaciones criminales a nivel internacional y encubrir el origen ilícito de los fondos.
En respuesta a la gravedad de los delitos cometidos, se ha solicitado una ficha roja para los implicados que han huido del país.
Esto indica la intención de las autoridades de capturar y llevar ante la justicia a todos los responsables.
FGR en procedimiento penal
La FGR ha dejado claro que este procedimiento penal es independiente de la denuncia pública realizada ayer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante la conferencia mañanera.
Ambas instancias están trabajando de manera coordinada para recabar todas las pruebas necesarias y asegurar la vinculación penal correspondiente, así como la recuperación de los bienes sustraídos.
El titular de la UIF, Pablo Gómez, fue el encargado de denunciar públicamente estos hechos, reiterando el compromiso de las autoridades en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Se espera que el proceso judicial avance conforme se reúnan las pruebas necesarias para llevar a juicio a los involucrados y se pueda lograr la recuperación de los recursos desviados.
Fuentes: Aristegui Noticias
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