Tras una exhaustiva audiencia judicial que se extendió por casi 18 horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), imputó formalmente a la empresa propietaria de la sucursal de Waldo’s y a otras ocho personas por su probable responsabilidad en el incendio que, el 1 de noviembre pasado en Hermosillo, causó la muerte de 24 personas y dejó 14 heridos. Entre las víctimas fatales se encontraban al menos dos mujeres embarazadas, lo que fundamenta los cargos por aborto, además de homicidio culposo, lesiones y daños.
En un fallo diferenciado, el juez de control determinó que ocho de los acusados enfrentarán el proceso penal en libertad, al acreditarse su arraigo y considerar que no representan un riesgo de fuga o de obstaculizar la investigación. Sin embargo, impuso una medida de prisión preventiva justificada para el representante legal de la tienda, José Luis “N”.
Esta medida aún no se ejecuta porque el acusado cuenta con una suspensión de amparo vigente. El Ministerio Público ha anunciado que combatirá dicho recurso para que el representante legal enfrente su proceso en prisión.
La Fiscalía señaló que José Luis “N” es acusado de haber utilizado documentos falsos para realizar trámites municipales y obtener permisos para el establecimiento, lo que configura los delitos adicionales de uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.
La investigación para determinar la causa exacta del siniestro continúa. La Fiscalía ya aclaró que el transformador eléctrico involucrado en el incendio era de propiedad privada de la tienda y no de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las autoridades han insistido en que, hasta ahora, no hay indicios de que el fuego haya sido provocado intencionalmente.
El caso se desarrolla en múltiples líneas procesales. Además de los nueve imputados de esta audiencia, otras 12 personas vinculadas al caso se encuentran con suspensiones de amparo, a la espera de ser citadas. Asimismo, tres individuos con órdenes de aprehensión ya ejecutadas comparecerán el 29 de enero, y se busca la ubicación de dos personas más que están evadidas de la justicia.
La próxima fase clave está fijada para el 19 de enero, cuando el juez decidirá si los imputados quedan formalmente vinculados a proceso. La Fiscalía ha reafirmado su compromiso de agotar todas las acciones legales para que todos los responsables respondan ante las víctimas.
Fuente: López Dóriga
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