CHETUMAL, Q. ROO. — El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, reveló durante su comparecencia ante el Congreso del Estado que en lo que va de 2026 se han iniciado aproximadamente 1,000 carpetas de investigación por fraude inmobiliario en Quintana Roo. El funcionario calificó este delito como una prioridad para la Fiscalía y destacó la realización de reuniones constantes con empresarios y víctimas para prevenir estas prácticas.
“Es un delito que estamos focalizando, difundiendo constantemente. Tenemos reuniones con los empresarios y con las personas que se acercan para evitar precisamente este tipo de fraudes que persisten en el estado”,
— señaló Raciel López Salazar.
El fiscal advirtió que las demarcaciones con mayor incidencia son Playa del Carmen, Cancún y Tulum, donde “líderes engañan a las personas para comprar un predio”, y agregó que el problema también se extiende a Chetumal. Además, informó que hay “grandes cantidades de personas vinculadas a proceso” y que el fraude inmobiliario se investiga en conjunto con las extorsiones.
La dimensión del problema: 121 desarrollos irregulares y 315 denuncias
Las cifras de la Fiscalía se suman a un diagnóstico preocupante que ya han documentado otras instancias. La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) ha identificado al menos 121 desarrollos inmobiliarios irregulares en el estado, concentrados principalmente en Tulum, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Cancún.
A nivel nacional, el caso más emblemático es el de Proyectos 9, del empresario José Lobatón, que acumula 315 denuncias por un monto reclamado que supera los 860 millones de pesos. La Fiscalía de Nuevo León ha vinculado a proceso a Lobatón en tres ocasiones, una de ellas por un fraude registrado en Quintana Roo.
La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al problema en julio pasado durante su conferencia matutina, al señalar que Quintana Roo registra algunos de los casos más severos de corrupción relacionados con la tenencia de la tierra.
“Hay casos extremos en Quintana Roo de predios que se vendieron seis u ocho veces y que, además, eran terrenos nacionales”,
— afirmó la mandataria federal.
Notarios bajo investigación: la otra cara del fraude
Uno de los eslabones más sensibles del fraude inmobiliario es el de los fedatarios públicos. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, en lo que va de 2026 se mantienen abiertas seis investigaciones contra notarios por presuntas irregularidades en la compraventa de inmuebles, que van desde omisiones en requisitos legales hasta presunta complicidad en avalúos alterados.
El subsecretario Jurídico, Jorge Herrera Aguilar, detalló que estas quejas se suman a las 47 reportadas en 2025, de las cuales solo cuatro han sido concluidas, lo que refleja un rezago importante en las investigaciones. Fuentes jurídicas consultadas por Por Esto!advirtieron que existe una “cifra negra” de afectados que no denuncian por desconocimiento, costos legales o desconfianza en las autoridades.
“Tras adquirir una vivienda mediante un crédito hipotecario, descubrí que el inmueble tenía antecedentes legales no informados. Con el tiempo llegó otra persona diciendo que era el dueño. Empezó un proceso y perdimos la casa y los recursos que nos costó años ahorrar”,
— relató Urania Campos, de 41 años, habitante de Cancún.
El sector empresarial reacciona: campaña anti-fraudes y certificación de asesores
Ante este panorama, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe mantiene activa una campaña de prevención para frenar irregularidades en las operaciones de compraventa y arrendamiento habitacional. El presidente del organismo, Alejandro Arvizu Contreras, informó que la estrategia busca concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos de realizar transacciones a través de intermediarios informales.
La campaña promueve la contratación de asesores certificados y debidamente inscritosen el registro estatal que exige la Ley Inmobiliaria de Quintana Roo. El CCE, en coordinación con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) , realiza mesas de trabajo para homologar criterios de acreditación y blindaje normativo en las transacciones comerciales.
“Exhortamos a compradores y arrendatarios a corroborar las credenciales legales de cualquier intermediario previo a la firma de contratos o entrega de anticipos económicos, como medida fundamental para proteger su patrimonio”,
— señaló Arvizu Contreras.
En el mismo sentido, la Coparmex Riviera Mayay la Asociación de Administradores de Condominios de Quintana Roo (ASACQROO)han solicitado a la Fiscalía una investigación exhaustiva sobre presuntos fraudes en la administración condominal en Playa del Carmen. El caso, que involucra a la empresa Mafe Administración, ha generado denuncias por un fraude millonario y puso en evidencia los vacíos en la regulación de este sector.
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