El caso de fraude de la Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, al erario público, supera lo estimado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues se contabilizan hasta 10 mil millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones, se estimaba que el daño al erario era de alrededor de 8 mil 600 millones de pesos. El ex director del organismo, Ignacio Ovalle Fernández, ya compareció, revelaron mandos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Con base en información de la Jornada, el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo). Ya que las irregularidades impactaron el manejo financiero y operativo del organismo conformado por Diconsa y Liconsa.
Las irregularidades que se identificaron en el fraude de segalmex:
- contratación y venta irregular de suministros
- entrega de apoyos para la producción agrícola.
Con estos, 100 millones de pesos fueron desviados para la compra de acciones bursátiles.
La cantidad que se investiga representa el doble de los desvíos atribuidos a las acciones realizadas en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Cabe recordar que por este fraude de Segalmex la ex secretaria Rosario Robles Berlanga continúa sujeta a proceso, al estimarse en 5 mil millones de pesos el probable daño al erario federal.
El caso fue asignado a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FECC) a la Femdo por la existencia de una red de corrupción.
A esta red se le vincula con:
- Desvíos de inventarios de maíz y frijol;
- nóminas “fantasmas”;
- Simulación de operaciones relacionadas con la compra de leche, granos básicos y trigo,
- Simulación de operaciones relacionadas con la compra de pesticidas,
- Subutilización de bodegas propiedad de Segalmex,
- Adquisición de granos a productores que no requerían subsidios y
- Venta de los productos a empresas privadas por debajo de los precios de garantía.
La fiscal María de la Luz Mijangos Borja, titular de la FECC, tuvo la primera parte de la investigación.
Se consignó un expediente relacionado con la autorización que dio René Gavira Segreste, ex director de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, para que se adquirieran bonos bursátiles.
Lo que ya arrojó como resultado la devolución de los recursos.
SFP y ASF denuncian operaciones ilícitas de red de funcionarios y empresas
La presentación de denuncias por parte de la SFP y de la ASF indican la posible realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto en una red de complicidades que involucra a funcionarios y empresas, lo que generó que el caso pasara a la Femdo.
Ignacio Ovalle
El ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle, actualmente funge como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), dependencia adscrita a la Secretaría de Gobernación
Al funcionario ya lo llamaron a comparecer en donde le cuestionaron:
- Los mecanismos de asignación de contratos,
- La falta de controles administrativos y de mecanismos de supervisión y detección de irregularidades,
- La colocación de recursos públicos en fondos bursátiles.
¿Qué investiga la Fendo?
- La utilización presuntamente irregular de más de 3 mil millones de pesos del ejercicio 2018-2019.
- Las anomalías en el ejercicio del presupuesto 2020, por un monto de 5 mil 640 millones de pesos.
- Las irregularidades en el manejo y contabilidad de los ingresos propios de Segalmex en ambos ejercicios fiscales,
- Los montos recibidos por la comercialización del frijol en 2019.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investigan el destino de los recursos señalados en la investigación. Y los probables funcionarios y empresas que se beneficiaron de este desvío de fondos.
Líneas de investigación de la ASF
La ASF desconoce si se negociaron los precios y condiciones de la venta con base en la situación que prevalecía en el mercado, y el destino.
Por tal motivo, la auditoría investiga a las empresas beneficiadas con su registro federal de causantes:
- volúmenes entregados,
- precio de venta de cada uno de los productos
- montos de recursos recibidos por la comercialización,
- su reflejo en el presupuesto,
- estados financieros con respecto a la adquisición a precios de garantía de maíz, y leche.
Con base en los resultados de la auditoría de 2020, “el total de maíz comercializado con empresas particulares”, ya que Segalmex vendió a dos empresas 15 mil 420 toneladas a 13 mil 100 pesos la tonelada, “por debajo del precio medio rural de 14 mil 243 pesos”.
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