El próximo gobierno federal establecerá una nueva estrategia de seguridad para la pacificación en el país, para lo cual planteará a la Organización de las Naciones Unidas(ONU) una nueva “pauta interpretativa” para la despenalización de las drogas, adelantó Olga Sánchez Cordero.
Al ofrecer la conferencia “Estado de derecho” en el marco del foro Estrategia Banorte 2018, la futura secretaria de Gobernación señaló que en primera instancia, se buscaría despenalizar, que no legalizar, la mariguana y en un futuro la amapola con fines estrictamente medicinales.
Al presentar el planteamiento general de cómo se prevé pacificar al país, dijo que hablará este mismo miércoles con funcionarios de la Oficina en México de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, para ver cómo se puede flexibilizar el acuerdo antidrogas hoy vigente.
Explicó que se trata de un documento que data de 1970 que es “muy rígido” y se debe flexibilizar a partir de su reinterpretación del enfoque punitivo que lo caracteriza.
Sánchez Cordero dejó claro que el nuevo gobierno establecerá una estrategia distinta para enfrentar el problema de inseguridad en el país, pues a pesar de la normatividad de avanzada que se ha dado en México para luchar contra la corrupción y la impunidad, este andamiaje no se ha echado a andar.
Afirmó que para el gobierno que iniciará el próximo 1 de diciembre, es claro que las Fuerzas Armadas no deben hacer trabajo de seguridad pública, por lo que tanto el Ejército como la Marina deben ser paulatinamente retiradas de la calles y sustituidas por policías profesionales.
Para ello, planteó un esquema general con Mando Único, una Escuela Nacional de Policía, la inamovilidad de los uniformados para que hagan responsables de sus acciones y por supuesto, la debida capacitación.
En ese sentido aseveró que la violencia y la seguridad pública son algunos de los retos más importantes que enfrentará el gobierno federal entrante.
También adelantó que en materia de derechos humanos “no habrá simulaciones”; no se ocultarán las cifras de muertos o desaparecidos, se reconocerán, porque la defensa de los derechos será una prioridad del nuevo gobierno.
Respecto al Sistema Penal Acusatorio, la ministra en retiro reconoció que su implementación se ha quedado corta, por falta de capacitación en diversos ámbitos, especialmente las fiscalías, pues muchos de los encargados de esta área “no saben ni argumentar en un juicio oral”.
En ese sentido, planteó “una política pública de gran envergadura” en materia de procuración de justicia, pues 80 por ciento de los asuntos que llegan a ministerios públicos deberían de atenderse en otras instancias, mientras las fiscalías deberían ocuparse de delitos de alto impacto.
En ese sentido fijó cuatro “garantías” para el Poder Judicial en lo federal y particularmente en los estados: un porcentaje fijo del presupuesto anual, “para que no estar sujetos a los vaivenes políticos”; establecer una auténtica carrera judicial con exámenes de oposición transparentes.
También la inmovilidad de jueces y magistrados, y establecer un haber de retiro para los funcionarios del sector judicial, a fin de evitar que sean cooptados por la delincuencia.
En materia de fiscalías consideró que éstas, al igual que las policías, deben ser profesionales y descentralizadas para hacerlas más eficientes.
El objetivo general, resumió, consiste en reducir la inseguridad y alcanzar la pacificación del país, para que vuelva a haber un Estado de derecho constitucional y social, que hoy está cuestionado. Fuente: MVS Noticias
