Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Arizona por autoridades estadounidenses bajo acusaciones graves: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
La captura ocurrió este lunes, y de comprobarse los cargos, el exfuncionario podría enfrentar desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua. No es un narco cualquiera: es el hombre que debía estar del otro lado de la ley.
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Uno de los diez funcionarios mexicanos acusados por EE.UU.
Gerardo Mérida Sánchez no está solo en el banquillo. Es parte de una acusación masiva revelada por Estados Unidos el 29 de abril pasado, donde aparecen nada menos que diez funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de Los Chapitos.
La lista incluye al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez. Una nómina que lee como quién es quién del poder sinaloense.
Acusaciones brutales
Según el expediente estadounidense, los funcionarios acusados no solo miraron para otro lado. Habrían protegido activamente las operaciones de Los Chapitos, facilitado información sensible sobre operativos de seguridad y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos.
A cambio, recibieron sobornos millonarios. Dicho de otro modo: el aparato de seguridad de Sinaloa, al menos en parte, trabajaba para quienes supuestamente debía combatir.
La traición no es menor: mientras los cárteles matan y envenenan, quienes juraban proteger a la ciudadanía cobraban por allanar el camino.
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