La secretaria de gobierno Cristina Torres Gómez, afirmó que hay cero tolerancia y aplicación estricta de la ley contra quienes cometan actos de crueldad hacia los animales, tras sumar 12 personas han sido vinculadas a proceso por maltrato animal en lo que va del año.
A esto se suma un nuevo caso reportado y detenido este martes por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) tras lograr la detención un hombre identificado como “Pelusa”, señalado como el presunto responsable de un caso de maltrato y abuso sexual contra una perrita en la Región 237 de Cancún, un hecho que ha causado indignación entre los ciudadanos y defensores de animales.

Cristina Torres Gómez, llamó a la ciudadanía a denunciar y colaborar con las autoridades, destacó que la participación de vecinos, asociaciones protectoras y redes vecinales ha sido determinante para llevar ante la justicia a los agresores, logrando que los casos no queden impunes.
“Invitamos a todos a denunciar, nosotros no vamos a dar un paso atras, se a castigar el maltrato animal y a la gente que tiene este tipo de información que nos la hagan llegar para proceder; elmensaje es claro: en Quintana Roo, quien lastime o torture a un animal enfrentará consecuencias”, afirmó.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer dos casos más ocurridos recientemente en Cancún, el primero tuvo lugar en la colonia irregular El Milagro, donde José Trinidad fue detenido luego de atacar con un machete a un perro de raza pitbull. El animal fue rescatado y se encuentra bajo atención veterinaria, mientras que el presunto agresor permanece en prisión preventiva.
El segundo caso ocurrió en la Supermanzana 227, donde Francisco “N”, de 36 años, fue denunciado por golpear a su mascota frente a sus hijos menores.
La secretaria de gobierno, dijo que actualmente se encuentra bajo investigación del Ministerio Público y podría ser judicializado en las próximas horas y con estos hechos, la actual administración suma 23 personas vinculadas a proceso por delitos de maltrato animal, lo que refleja un avance sostenido en la aplicación de la ley y una mayor participación de la ciudadanía en la denuncia de agresiones.
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