Un contrato de 15 millones de pesos, firmado a puerta cerrada, puso al descubierto la fractura más profunda del pueblo maya de Quintana Roo: nadie sabe quién tiene la voz legítima para vender su patrimonio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la suspensión definitiva que permitía a Grupo Xcaret seguir utilizando símbolos, ceremonias y elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad y plataformas digitales. El argumento central: el contrato firmado con el Gran Consejo Maya (GCM) no reúne los requisitos para acreditar el consentimiento del pueblo maya como titular colectivo de su patrimonio cultural .
La decisión, aprobada por siete votos contra dos, expuso un entramado que va mucho más allá del pleito legal entre una empresa turística y un órgano indígena.
El caso estalló el 26 de marzo de 2026, cuando la ministra Yasmín Esquivel Mossa reveló durante la sesión del Pleno la existencia de un contrato de transición por 15 millones de pesos entre Grupo Xcaret y el Gran Consejo Maya, encabezado por Simón Caamal Coh y Gabino Cruz Yeh
El convenio, firmado en 2023, otorgaba a la empresa el uso del patrimonio material e inmaterial maya en espectáculos y atracciones a cambio de esa suma. Lo que nunca se explicó fue cómo se distribuyó el dinero ni a quién benefició realmente
Lo que representa un golpe directo a la credibilidad del GCM: las comunidades mayas cruzo’ob exigieron una auditoría. El general maya Alejandro Cauich May, junto con líderes de Tixcacal Guardia, Chumpón, Petcacab y otras localidades, señalaron que los recursos nunca llegaron a las comunidades.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), unidad de la Secretaría de Gobernación, presentó un amicus curiae ante la Corte en el que descalificó al Gran Consejo Maya de forma contundente.
No tiene origen ni fundamento alguno en los sistemas normativos tradicionales, instituciones sociales, culturales o políticas del pueblo maya cruzo’ob, señaló el documento .
La CDPIM comparó al GCM con las instituciones charras” o clientelares del sindicalismo mexicano. Y fue más lejos: acusó que en el caso Xcaret, el Consejo *“está siendo instrumentalizado para simular un consentimiento que las comunidades titulares del patrimonio cultural nunca han otorgado” .
El organismo también reveló que el GCM opera de manera híbrida: como asociación civil y como empresa, con avales del gobierno de Quintana Roo y certificaciones notariales que, según la CDPIM, la ley no requiere .
La ministra ponente, María Estela Ríos González, fue clara al defender su proyecto: “Qué bueno que las empresas vengan e inviertan en México, pero eso no las faculta a disponer indebidamente del patrimonio cultural de los pueblos indígenas” .
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, coincidió: “El estándar legal y constitucional dice que los pueblos y comunidades, que son titulares de su patrimonio cultural, solamente pueden otorgar su consentimiento vía un procedimiento de consulta previa, libre e informada” .
La Corte determinó que el contrato con el GCM, aunque genere obligaciones entre las partes que lo firmaron, no equivale al aval de las más de mil comunidades mayas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán .
Tras la resolución, el Gran Consejo Maya envió una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los ministros de la Corte. “No pedimos privilegios. No buscamos confrontar al Gobierno ni a la Suprema Corte. Pedimos algo elemental: que se nos escuche directamente, que se reconozca nuestra representación” .
Simón Caamal Coh, presidente del GCM, reclamó que las representaciones indígenas sean tomadas en cuenta durante la nueva etapa del proceso, argumentando que su participación está reconocida en la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena de Quintana Roo desde 1998 .
Pero esa ley, según la CDPIM, fue una creación a modo del gobierno de Mario Villanueva Madrid para controlar a la población indígena, y el GCM no ha sido electo por asamblea comunitaria alguna.
El caso Xcaret es solo la punta del iceberg. Detrás está el uso comercial del patrimonio cultural maya en toda la industria turística de la Riviera Maya, y la pregunta de fondo: ¿quién puede autorizarlo y quién debe recibir los beneficios?
Hermelindo Be Cituk, presidente de la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (ANIPA) en Quintana Roo, fue directo: “El Gran Consejo Maya carece de facultades para autorizar el uso de estos símbolos. Y añadió un dato incómodo: existe un sector de la población maya que respalda a Xcaret porque la empresa genera empleos para sus familias .
Esa fractura —entre quienes defienden el patrimonio como bien sagrado y quienes lo ven como sustento económico— es la que la Corte no puede resolver con una sentencia.
El Gran Consejo Maya tiene el reconocimiento de una ley estatal y un contrato de 15 millones. Pero según la Corte y la propia Secretaría de Gobernación, no tiene el aval de las comunidades a las que dice representar
Sé el primero en comentar post