Lo que en apariencia sería un simple acto de “disculpa pública” de la Fiscalía General del Estado (FGE) hacia Héctor Manuel Casique Fernández y Maximiliano Ezequiel Millán González por haber sido torturados y encarcelados injustamente, se convirtió un candente foro de discusiones que sacó chispas desde el mismo momento en que el principal agraviado rechazó las palabras ofrecidas por la vicefiscal general, Rosaura Villanueva Arzápalo.
“Esta Fiscalía General le reconoce a Héctor Manuel Casique Fernández y a Maximiliano Ezequiel Millán González su carácter de víctimas y, con ello, su derecho legítimo a una reparación del daño”, dijo la representante de la Fiscalía, sin referirse a los avances del sonado caso (la masacre del bar La Sirenita) por el que fue encarcelado durante tres años, seis meses y siete días, y sin mencionar la situación de los funcionarios que lo golpeaban hasta dejarlo inconsciente.
Es por este motivo que, enardecido, exigió que se le encarcele a la brevedad a los 43 funcionarios torturadores que le dañaron órganos vitales e hicieron perder el ojo izquierdo, los cuales han gozado de impunidad hasta la fecha, entre ellos, agentes del Ministerio Público y policías ministeriales que le pedían que se quitara la vida dentro de la cárcel para que no mataran a su familia.
Ante decenas de representantes de los medios de comunicación y frente a Rosaura Villanueva, Héctor Casique y su madre explicaron que la Sala Constitucional ordenó proceso desde hace dos años contra sus victimarios, y que la Fiscalía los ha protegido, incluso, ni siquiera los ha removido del cargo.
Se trataba de la “disculpa pública” pedida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (Cedhqroo), recomendación 017/2315, por lo que madre e hijo reprobaron que no se presentara el fiscal general, Miguel Ángel Pech, y advirtieron que en caso de que no acate las ordenes de los jueces federales, hasta el titular de la dependencia va a terminar en la cárcel.
Denunciaron públicamente que han sido amenazados de muerte por el mismo sistema, y que siguen siendo perseguidos por sus agresores. Denunciaron apatía para resolver el caso que ha dado la vuelta al país, impunidad para los agresores, y también a altos funcionarios que siguen en puestos importantes y que los amenazaban de muerte, como el director de Seguridad Pública en el municipio Isla Mujeres, Jaime Ongay. Fuente: El Quintana Roo
