El llamado huachicol fiscal dejó de ser un negocio basado únicamente en el robo de combustible para convertirse, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en una estructura mucho más amplia que habría involucrado transporte, distribución y operaciones empresariales.
La investigación de la FGR apunta a una estructura que habría utilizado combustible, pipas, autotanques y presuntas operaciones irregulares para mover hidrocarburos en México
Contenido
La investigación dio un nuevo paso con el traslado a México del excontralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por las autoridades como presunto integrante de una red dedicada al contrabando y distribución de combustible. El caso ya dejó aseguramientos de hidrocarburos, vehículos e inmuebles, con una afectación estimada en más de 340 millones de pesos.
¿Cómo operaba la red de huachicol fiscal?
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la estructura investigada habría utilizado una combinación de recursos legales e ilegales para introducir y distribuir combustible en territorio mexicano.
Entre los aseguramientos relacionados con la investigación se encuentran 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles, además de millones de litros de hidrocarburo. La FGR también mantiene abiertas líneas de investigación para identificar a otras personas que presuntamente habrían participado en la operación.
La relevancia del caso radica precisamente en que el llamado huachicol fiscal puede involucrar una cadena completa de operaciones: desde la entrada del combustible al país hasta su traslado y posterior distribución.
Es decir, ya no se trata solamente de extraer gasolina o diésel de un ducto, sino de presuntas maniobras que buscan hacer pasar combustible de procedencia irregular como parte de operaciones comerciales aparentemente legales.
Un negocio millonario
La dimensión económica del caso quedó expuesta con los aseguramientos realizados por las autoridades.
La investigación señala que la organización sufrió una afectación superior a 340 millones de pesos, mientras las autoridades continúan siguiendo el flujo de combustible y los posibles vínculos entre las personas y empresas involucradas.
El expediente también ha colocado bajo la lupa la posible participación de personas con experiencia dentro de instituciones públicas, debido a que entre los detenidos relacionados con el caso se encuentran exservidores públicos.
La información publicada en las primeras planas nacionales señala que son 16 las personas capturadas, de las cuales 12 serían exservidores públicos, mientras las autoridades van también detrás de accionistas, apoderados, socios y presuntos enlaces vinculados con la estructura.
El caso llegó hasta Argentina
Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina y posteriormente trasladado a México después de que las autoridades mexicanas avanzaran en el proceso para llevarlo ante la justicia.
Su regreso al país representa uno de los movimientos más importantes dentro de la investigación, ya que la FGR lo señala por su posible relación con la estructura dedicada al contrabando de combustible.
Las autoridades mexicanas confirmaron que el excontralmirante será ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
Del bidón al buque
El caso también muestra cómo ha cambiado el fenómeno del huachicol en México.
Mientras el robo tradicional de combustible suele asociarse con la extracción clandestina de hidrocarburos de ductos, las investigaciones sobre huachicol fiscal han revelado esquemas que pueden involucrar importaciones, documentación, transporte y distribución.
Uno de los casos que puso este fenómeno bajo los reflectores fue el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Altamira, que transportaba alrededor de 10 millones de litros de diésel declarado como aditivos. La investigación apunta a una red relacionada con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, exelementos de la Marina.
El antecedente más conocido del impacto que puede tener el robo de combustible ocurrió en Tlahuelilpan, Hidalgo, en 2019, cuando una explosión durante la extracción ilegal de gasolina provocó la muerte de 138 personas.
Ahora, seis años después de aquella tragedia, las investigaciones apuntan hacia una modalidad distinta: redes capaces de mover grandes cantidades de combustible mediante operaciones mucho más complejas.
La investigación todavía no termina
La detención y traslado de Farías Laguna no significa el cierre del caso.
La FGR mantiene investigaciones para determinar quiénes más habrían participado en la estructura y cuál fue el papel específico de cada uno.
Por ahora, los aseguramientos, las detenciones y los más de 340 millones de pesos de afectación económica reportada muestran la dimensión que las autoridades atribuyen a esta red de huachicol fiscal.
El caso continuará bajo investigación y serán las autoridades judiciales las que determinen la responsabilidad de cada uno de los señalados.
Sé el primero en comentar post