Cancún, Q. Roo.- Por no contar todavía con un reglamento, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) no tiene manera de sancionar a operadores de transporte público, solamente puede suspender concesiones por solicitud de la Fiscalía.
Por ello, dependen de los sindicatos de Taxistas o empresas para que sean ellos quienes apliquen las medidas correctivas.
Así lo afirmó la delegada del Imoveqroo en Cancún, Bibian Castillo Dzul, al ser cuestionada sobre un operador de una combi del Transporte Terrestre del Estado (TTE), quien fue detenido por conducir aparentemente drogado.
“Hoy tenemos la reunión con el director de TTE para investigar qué ocurrió y cuál será la sanción”, comentó.
“Todavía no tenemos reglamento, por lo que trabajamos con el sindicato para las sanciones; pudiera ser dado de baja”, agregó.
En marzo de este año a más tardar debía publicarse el reglamento del Instituto de Movilidad, para que los Ayuntamientos pudieran ajustar sus lineamientos para septiembre de este año, de acuerdo a los transitorios de la Ley de Movilidad, los que han sido incumplidos.
El titular del Imoveqroo, Jorge Pérez Pérez, dijo en entrevista en agosto que se trabajaba “sin prisas” en el documento para que quedara bien, aunque el Congreso del Estado ya emitió un exhorto para que se cumpliera con lo de mandata la ley.
El reglamento debe incluir no solo las sanciones, sino las características de los vehículos que deben brindar el servicio de transporte, tema sensible pues así se puede incluir o excluir a los mototaxis, actualmente no contemplados en la ley, aunque “tolerados” con base en acuerdos entre sindicatos y un padrón de vehículos.
Es este tema el que probablemente mantiene el reglamento “en limbo”.
La falta de un reglamento también significa que no se puede sancionar a un operador por no respetar el tarifario, lo que explica el mutismo oficial al anuncio de los sindicatos de que no acatarían los precios publicados en el Periódico Oficial.
Lo que sí puede hacer el Imoveqroo es suspender una concesión, aclaró Bibian Castillo Dzul, algo que han hecho dos veces, una de ellas por sorprender a un chofer en estado de ebriedad; hay otros seis casos en trámite, pues es la Fiscalía General del Estado la que solicita esta suspensión, al derivar de la participación en algún ilícito.
También se actúa cuando se detecta a algún vehículo que ya tiene más de cinco años de antigüedad, retirándolo con grúa. El costo de la multa y liberación del vehículo hace que el propietario opte por darlo por perdido y compre un vehículo nuevo.
“El costo total para recuperar el vehículo es de cerca de 15 mil pesos y por eso ya no es redituable”, explicó la funcionaria.
Al día caen en promedio dos de estos vehículos, por ejemplo, los modelos Tsurus usados todavía de taxi. Por ello, ya se han dado de baja dos mil 500 vehículos de transporte público, la gran mayoría de forma voluntaria por los concesionarios.
Para el año próximo, cuando toca renovar a otras unidades, la meta es de tres mil vehículos, añadió la delegada.
