CDMX.- El gobierno federal carece de la capacidad para construir una red de gasolinerías en el país que puedan generar competencia en el mercado a fin de bajar el precio de las gasolinas y el diésel, aseguró Leticia Armenta, investigadora del Tecnológico de Monterrey, especializada en temas de energía.
El planteamiento que al respecto hizo el presidente Andrés López Obrador la semana pasada, dijo, es un “argumento falaz porque quien conoce el mercado sabe que no es posible, ya que las autoridades no tiene capacidad para construir el número suficiente de gasolinerías que pudiesen hacer precisamente el rol económico para presionar al mercado de tal manera que los precios bajaran”.
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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha sostenido que se requiere duplicar por lo menos el número de gasolinerías que operan en el país y que a la fecha suman 12 mil.
Además, Leticia Armenta recordó que el costo del combustible está determinado por Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual tiene “un piso, donde es imposible que el distribuidor de gasolina baje el precio más allá de ese piso”.
Hasta el día de hoy, la empresa productiva del estado es el mayor distribuidor de gasolinas en el país ya que suministra a más del 95 por ciento de las estaciones de servicio que operan en el territorio nacional y es mínima la participación de gasolineros que traen su propia gasolina.
“Si el gobierno federal fuese serio, si quisiera realmente atender a esa supuesta promesa de campaña (de que la gasolina baje de precio) tendría que estar trabajando en las entrañas de Pemex para realmente abaratar los costos y que eso permita al país contar con combustibles a nivel competitivo, al menos respecto al sur de Estados Unidos”, indicó.
Por otro lado, la especialista no descartó de que en caso de que el gobierno federal determine cancelar contratos en el sector energético, empresas afectadas presenten demandas. “Mientras el gobierno federal siga cumpliendo su parte con las empresas no hay razón para la demanda”, puntualizó Armenta.
Sostuvo que en la primera revisión de contratos que hicieron las nuevas autoridades en el sector “no encontraron ninguna anomalía y el único reclamo que han hecho es sobre los gasoductos que no están funcionando. El gobierno debe resolver los temas sociales de esas regiones que no permiten que los gasoductos funcionen. Le gusta dar nota pero en lo profundo no hay nada serio y no es objetivo el argumento”. Fuente: La Jornada
