Los juicios de amparo que buscaban frenar el avance del Tren Maya podrían quedar sepultados.
Organizaciones civiles y expertos jurídicos advierten que la reciente reforma a la Ley de Amparo pone en riesgo los procesos legales interpuestos por comunidades y colectivos ambientales, al limitar el reconocimiento de afectaciones indirectas al medio ambiente.
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La abogada Irma Morales, representante de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), explicó que el artículo tercero transitorio de la reforma se aplicará de forma retroactiva, afectando directamente los amparos iniciados bajo la legislación anterior. Esto debilita la figura del “interés legítimo”, clave para demostrar daños ambientales indirectos en zonas como el tramo 5 sur, donde se han denunciado impactos en cavernas, cenotes y sistemas subterráneos únicos en la región.
Reforma con impacto directo en casos ambientales
La reforma fue impulsada por el Gobierno Federal bajo el argumento de “no frenar el desarrollo nacional”, pero ha sido duramente criticada por juristas y ambientalistas. Arturo Pueblita Fernández, presidente del Colegio de Abogados de México, señaló que el cambio legal responde directamente a la ola de amparos contra el Tren Maya, y que su aplicación podría dejar sin defensa a comunidades afectadas por megaproyectos.
Entre los efectos más preocupantes está la restricción para suspender actos de gobierno, incluso cuando se denuncian daños ambientales. Esto significa que, aunque se presenten pruebas de afectación, los jueces podrían no tener facultades para detener las obras mientras se resuelve el juicio.
Diligencias aún activas en zonas clave
A pesar del panorama adverso, el movimiento Sélvame del Tren informó que algunos juicios siguen vigentes. Recientemente se realizó una diligencia judicial en las cavernas Garra de Jaguar y Oppenheimer, en Tulum, como parte de un proceso legal que busca la cancelación del tramo y la restauración del ecosistema.
Los activistas insisten en que el avance físico del Tren Maya ha superado los tiempos legales, lo que complica aún más la posibilidad de revertir decisiones o aplicar medidas cautelares. También denuncian que muchas comunidades no han sido consultadas de forma adecuada, lo que vulnera sus derechos y pone en duda la legalidad de ciertos tramos.
Organizaciones civiles hacen un llamado urgente a reforzar la defensa legal y mantener la presión social para garantizar que los procesos judiciales se respeten. En medio del avance acelerado del Tren Maya, la tensión entre desarrollo e impacto ambiental se mantiene como uno de los ejes más controversiales del megaproyecto.
