Ciudad Juárez, Chihuahua. Una intensa controversia se desató en el municipio de Juárez luego de que Alejandro Alcocer Herrera, propietario de una perra Husky llamada Sasha, denunciara públicamente que las autoridades municipales tienen la intención de sacrificar a su mascota de apoyo emocional. El espécimen se encuentra bajo el resguardo de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) tras haber mordido en el rostro a un menor de cinco años el pasado 28 de mayo, durante un evento de la Feria del Libro de la Frontera celebrado en el Centro Cultural Paso del Norte.
El caso ha escalado a nivel mediático y social. Mientras el tutor acusa que elementos de la policía municipal y personal de DABA irrumpieron en su domicilio para sustraer ilegalmente al animal argumentando falsamente que se encontraba en la vía pública, la dependencia municipal señala que se está siguiendo un estricto protocolo sanitario de observación por agresión y que el dueño no acreditó la documentación legal de la mascota.
Provocación previa y responsabilidad médica: La versión del propietario
Alejandro Alcocer reconoció desde el primer momento la gravedad de las lesiones sufridas por el menor y aseguró haber acudido a instalaciones médicas con la firme disposición de cubrir todos los gastos médicos necesarios. No obstante, solicitó que el acto no sea juzgado de forma aislada, ya que, según testimonios de personas presentes, el menor estuvo hostigando persistentemente a la Husky antes del incidente.
- Reacción defensiva: El tutor argumentó que el niño estuvo jalándole las orejas a Sasha de manera insistente e incluso intentó introducir un dedo en uno de sus ojos, lo que provocó una reacción defensiva natural por parte de la perra.
- Documentación en regla: Frente a los señalamientos de la autoridad, Alcocer Herrera desmintió que el animal carezca de vacunas; afirmó poseer la cartilla de vacunación vigente y cartas emitidas por profesionales de la psicología que respaldan la necesidad de Sasha como su soporte emocional indispensable.
Autoridades municipales defienden protocolo de resguardo y niegan irregularidades
Por su parte, la Dirección de Bienestar Animal (DABA), bajo la gestión de Alma Arredondo Salinas y la administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, ha sostenido que las acciones se ejecutaron conforme a los reglamentos de salud pública aplicables para ataques de caninos hacia personas.
La postura oficial de la dependencia subraya que el propietario no aportó en su momento las certificaciones oficiales que acreditaran formalmente que la Husky estuviera entrenada o catalogada formalmente como un animal de asistencia o soporte psicoterapéutico, así como los comprobantes médicos de inmunización.Asimismo, indicaron que se mantiene un periodo de observación obligatoria de 10 días para descartar síntomas de rabia antes de emitir un dictamen final sobre el destino del can.
Colectivos animalistas protestan y exigen la liberación de la Husky
El caso ha movilizado a diversos grupos de rescatistas independientes y activistas de los derechos de los animales en Ciudad Juárez, quienes realizaron un plantón frente a las instalaciones de DABA para exigir que la perrita sea devuelta sana y salva a su hogar. Los defensores cuestionaron que no se le permita al propietario ver las condiciones en las que se encuentra bajo resguardo y sugirieron una presunta omisión de cuidados por parte de los familiares del menor al dejarlo aproximarse sin supervisión adecuada al animal.
El dilema de la comunidad: Organizaciones civiles apuntan que el camino correcto conforme a derecho debe centrarse en garantizar la completa reparación económica del daño hacia el menor hospitalizado, sin que un ser sintiente que actuó por instinto de supervivencia deba pagar con el sacrificio por una cadena de descuidos humanos.
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