El caso Karely Merlano: psicóloga advirtió amenazas antes de morir en fundación infantil
El asesinato de la psicóloga Karely Yenissa Merlano Viana, ocurrido en un hogar de paso vinculado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)en Barrancabermeja, Colombia, ha provocado indignación nacional y abrió un debate sobre la seguridad del personal que trabaja con menores en conflicto o situación vulnerable.
La mujer, de 48 años, fue hallada sin vida el pasado 9 de abril dentro de las instalaciones donde laboraba. De acuerdo con información de la Fiscalía colombiana, cuatro adolescentes fueron señalados por participar en el crimen; tres de ellos habrían aceptado cargos dentro del proceso penal juvenil.
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Según las investigaciones preliminares, los menores habrían intentado escapar del lugar y, presuntamente, atacaron a la profesionista cuando se negó a permitirles salir. Autoridades indicaron que la víctima habría sido sometida y asfixiada antes de que los adolescentes huyeran, aunque la investigación continúa para determinar responsabilidades individuales.
Pero el caso tomó una dimensión aún más alarmante con las revelaciones de la pareja de la víctima, Alejandro Cabarcas, quien aseguró que Karely había advertido sobre amenazas previas, agresiones verbales e incluso un presunto intento de intoxicación meses antes del homicidio.
“Le decían groserías, la insultaban, la trataban mal”, relató Cabarcas en declaraciones retomadas por medios colombianos, al señalar que la psicóloga había expresado temor por su seguridad.
De acuerdo con versiones difundidas en medios locales, uno de los detonantes que se investiga es que Merlano habría intervenido para proteger a una menor de un presunto abuso dentro del hogar, línea que no ha sido confirmada judicialmente, pero que ha cobrado relevancia en el debate público.
El crimen no solo conmocionó por su violencia, sino porque expuso posibles fallas en protocolos de protección para trabajadores en centros de resguardo juvenil.
Karely Merlano tenía previsto renunciar a finales de abril, según su familia.
¿Qué pasó con los adolescentes implicados?
Tras el crimen, los cuatro adolescentes señalados fueron puestos a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia. De acuerdo con los reportes del caso, tres aceptaron cargos durante las primeras audiencias y un cuarto menor continúa enfrentando el proceso judicial sin haberlos reconocido.
Aunque no se ha informado una sentencia definitiva, podrían enfrentar medidas privativas de libertad en centros especializados para menores, además de sanciones orientadas a la resocialización, dependiendo de su edad, grado de participación y lo que determine el juez.
El caso ha reactivado cuestionamientos en Colombia sobre si los hogares de paso cuentan con condiciones adecuadas para atender a menores con perfiles complejos sin poner en riesgo a cuidadores, psicólogos y personal especializado.
Más allá del proceso judicial contra los adolescentes, el caso abrió una pregunta de fondo: ¿falló el sistema antes de que ocurriera la tragedia?
