En medio de su último año en el cargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sorprendido al país al presentar un extenso paquete de 20 reformas constitucionales.
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Este conjunto de propuestas abarca desde iniciativas ya rechazadas en el Congreso hasta cambios sociales significativos, generando controversia y preocupación entre la oposición y expertos.

Con solo ocho meses antes de entregar el poder, López Obrador ha desafiado la tradición de dejar la tribuna al candidato de su partido, en este caso, Claudia Sheinbaum. En lugar de eso, el presidente ha propuesto reformas que abarcan desde cuestiones judiciales hasta cambios sociales, en lo que algunos analistas describen como una estrategia electoral única.
Las reformas que quiere implementar
Entre las propuestas se incluyen la reducción del número de magistrados de la Corte Suprema y su elección por voto popular, la eliminación de organismos autónomos considerados “onerosos” por el presidente, y medidas sociales como becas para estudiantes y atención médica gratuita para toda la población.
Además, se plantean prohibiciones sobre el maíz genéticamente modificado, la minería a cielo abierto, la tecnología de fractura hidráulica (“fracking”), y el consumo de fentanilo y vapeadores.

López Obrador con “reformas antidemocráticas y conservadoras”
El académico y consultor político Rubén Aguilar señala que muchas de estas propuestas tienen un carácter “antidemocrático, conservador y reaccionario”, sugiriendo que buscan restablecer el viejo régimen del partido hegemónico que gobernó México durante 70 años hasta el año 2000.
Aunque la correlación de fuerzas en el Congreso plantea dudas sobre la viabilidad de estas reformas, algunos expertos sugieren que la coyuntura electoral podría llevar a que algunas de ellas sean aprobadas.
La periodista Ivonne Melgar destaca que la narrativa del presidente, presentándose como defensor del pueblo contra los privilegios, pone a la oposición en una posición delicada.
Pondría en riesgo la economía del país y eliminaría el INE
Sin embargo, hay críticas y preocupaciones en torno a las propuestas. Expertos económicos y financieros advierten que estas reformas podrían aumentar la presión sobre las finanzas públicas y poner en riesgo la competitividad del país. Organismos autónomos, como el INE, podrían ser eliminados, lo que suscita inquietudes sobre la equidad electoral y la transparencia.

En este contexto, Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, se encuentra en una posición delicada, con el desafío de equilibrar la narrativa de su partido con la realidad económica y política del país. A ocho meses de las elecciones, el legado político de López Obrador parece envenenado, dejando a su sucesora con un proyecto político polémico y desafiante.
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