La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la organización hispana más antigua en Estados Unidos, ha pedido al Departamento de Justicia que investigue el reciente traslado de migrantes a Sacramento, California, presuntamente realizado por la administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Se estima que alrededor de 36 migrantes, incluyendo venezolanos y colombianos, fueron trasladados en dos vuelos.
LULAC insta a investigar posibles violaciones de las leyes federales relacionadas con el transporte de refugiados a través de las fronteras estatales. Según informes de medios, el primer avión con 16 migrantes llegó el viernes pasado a la capital californiana, y el segundo aterrizó el lunes con 20 extranjeros más. Al parecer, los migrantes fueron transportados en autobuses desde El Paso, Texas, a Nuevo México, y luego en avión a Sacramento, California, por la empresa Vertol Systems C., con sede en Florida.
LULAC ha solicitado que se investigue la posible participación de dos altos funcionarios de la administración de DeSantis, quien actualmente está postulándose para la presidencia de Estados Unidos en las primarias republicanas. Hasta el momento, DeSantis no se ha pronunciado sobre el traslado. Cabe mencionar que el gobernador de Florida enfrenta una demanda colectiva debido a un traslado similar de migrantes venezolanos a la isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts, ocurrido en septiembre pasado.
La organización LULAC también respalda la investigación emprendida por el alguacil del condado de Bexar, Texas, Javier Salazar, que busca responsabilizar a los implicados. Según las conclusiones de la investigación, el transporte de estos refugiados constituye una actividad criminal tanto en delitos graves como menores.
LULAC condena las acciones presuntamente realizadas por miembros del personal de alto rango del gobernador de Florida en el programa de reubicación de migrantes. Domingo García, presidente de LULAC, lamenta que los refugiados latinos sean víctimas de engaño y explotación al ser trasladados a largas distancias bajo falsas promesas de trabajo, vivienda y asistencia.
La organización recomienda a los migrantes que no acepten ofertas de transporte de personas desconocidas que prometan empleo, vivienda y asistencia sin verificar la legitimidad de dichas propuestas con las autoridades gubernamentales locales.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha calificado el traslado de migrantes como un posible “secuestro” bajo las leyes estatales, mientras que el fiscal californiano, Rob Bonta, está investigando el incidente. Bonta señaló que los primeros 16 migrantes tenían documentación que parece estar relacionada con la Administración de DeSantis.
El caso de Martha’s Vineyard ya ha generado una demanda judicial contra DeSantis presentada por Abogados por los Derechos Civiles (LCR), una organización que ha enviado un equipo a Sacramento para investigar si el gobernador republicano “ha vuelto a atacar”. Newsom ha criticado a DeSantis, calificándolo de “patético” y recordando que Sacramento no es Martha’s Vineyard, donde el gobierno de Florida envió a un grupo de migrantes el año pasado, lo que ha resultado en una demanda en curso.
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