La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo este jueves un encuentro privado con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en medio de la peor crisis diplomática y política de su mandato. La reunión, que duró menos de una hora en las oficinas de la SSPC en la Ciudad de México, se realizó en absoluto hermetismo: sin declaraciones, sin fotografías, sin agenda pública.
El objetivo: limar la enorme fractura que se abrió entre el gobierno federal y el estado de Chihuahua tras revelarse que agentes de la CIA participaron en un operativo antinarcóticos en la sierra Tarahumara, un hecho que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una violación directa a la soberanía nacional.
Horas antes del encuentro, la mandataria federal fue contundente desde Palacio Nacional. Señaló directamente a la gobernadora panista como la principal responsable de la falla institucional.
La presidenta reveló que intentó comunicarse personalmente con Campos, pero no logró concretar la llamada. Y sentenció que el gobierno de Chihuahua no sólo incumplió la ley, sino que abrió una puerta peligrosa para la actuación de agencias extranjeras en territorio mexicano.
Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el embajador debería de haber informado a las instancias federales, dijo Sheinbaum. Pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración, y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional.
La presidenta ordenó al Consejo de Seguridad emitir un comunicado a todos los gobernadores del país recordándoles las reglas de colaboración. Y fue tajante: Los gobiernos de los estados tienen que cumplir con las leyes sí o sí, eso no es opcional.
El contexto de la crisis es conocido pero sus dimensiones no dejan de escalar. El domingo 19 de abril, en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, un accidente automovilístico cobró la vida de dos agentes de la CIA y dos elementos de la Fiscalía de Chihuahua, incluyendo al director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera.
Los hechos ocurrieron tras un operativo en el que se desmantelaron dos grandes laboratorios de metanfetamina en el municipio de Morelos, en la sierra Tarahumara. Lo que comenzó como un percance vial se transformó rápidamente en un escándalo de seguridad nacional cuando medios como The Washington Post y The New York Times revelaron que los dos ciudadanos estadounidenses fallecidos eran agentes activos de la CIA.
A partir de esa revelación, la versión oficial del gobierno de Chihuahua sobre el caso se ha modificado en repetidas ocasiones, mientras nuevas indagatorias periodísticas, como la del diario Los Ángeles Times, señalan que agentes de inteligencia estadounidenses han participado en al menos tres operativos en la entidad durante lo que va del año.
El secretario Omar García Harfuch ya había anticipado la postura federal al afirmar que ni la SSPC ni la Secretaría de la Defensa Nacional tenían conocimiento de la participación de agentes extranjeros en el operativo.
El titular de Seguridad separó tajantemente la colaboración cotidiana de inteligencia de la participación operativa. Y confirmó que la reunión con la gobernadora era necesaria para esclarecer los hechos.
La tensión no se ha limitado al ámbito interno. La Casa Blanca, a través de la vocera Karoline Leavitt, lanzó un inusual mensaje de reproche hacia la presidenta Sheinbaum, pidiéndole un poco más de empatía y sensibilidad por la muerte de los dos agentes estadounidenses.
Ante estos señalamientos, Sheinbaum respondió que fue la primera en ofrecer condolencias y dejó claro que no permitirá injerencias: No queremos generar un conflicto con Estados Unidos, dijo, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes.
La gravedad del caso ha desatado una fuerte reacción desde el Congreso. El Partido del Trabajo presentó formalmente una petición de juicio político y destitución inmediata de la gobernadora Maru Campos, argumentando traición a la patria.
Paralelamente, el Senado de la República ya había aprobado en comisiones la comparecencia obligatoria de la gobernadora y del fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, el próximo martes 28 de abril en el recinto legislativo. Será la primera vez que Campos tenga que dar la cara ante el pleno para explicar, bajo protesta de decir verdad, los alcances de la colaboración de su gobierno con agencias extranjeras.
La reunión de hoy con García Harfuch fue, en ese sentido, un ensayo general de lo que viene. La gobernadora panista necesitaba medir el terreno y, quizá, negociar los términos de su defensa antes de enfrentar el interrogatorio de los senadores.
Pero la presidenta ya movió las piezas. Al ordenar un comunicado vinculante a todos los estados, Sheinbaum no sólo disciplina a Chihuahua: envía un mensaje claro a cualquier gobernador, de cualquier partido, que intente repetir el esquema.
La pregunta ya no es si Maru Campos cometió un error. La pregunta es si el gobierno federal pasará de la advertencia a la acción. Morena y sus aliados ya hablan de desafuero, de juicio político, de sanciones constitucionales.
Mientras tanto, en la sierra Tarahumara, los laboratorios de metanfetamina siguieron operando. Y en Washington, la administración Trump observa con atención cada movimiento de Sheinbaum.
La reunión de hoy no fue un final. Fue apenas el primer acto de un desenlace que promete definir los límites del poder estatal frente a la federación, y la soberanía nacional frente a la agencia extranjera más poderosa del mundo.
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