Ciudad de México: Un informe recientemente publicado por la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 ha revelado que durante los primeros seis meses de 2023, la prensa en México sufrió al menos 272 agresiones, lo que equivale a un incidente cada 16 horas.
Estos datos alarmantes arrojan luz sobre la creciente amenaza a la libertad de prensa en el país, con el Estado como la principal fuente de los ataques.
El informe, titulado “Informe Semestral 2023: Violencia contra la prensa entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado”, proporciona un análisis detallado de las agresiones sufridas por periodistas y medios de comunicación en México durante la primera mitad del año.
Entre los hallazgos más preocupantes se encuentra el hecho de que el mayor volumen de agresiones se centró en intimidaciones y hostigamientos, con un total de 68 casos, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de todos los incidentes registrados.

Le siguen en número las agresiones relacionadas con el uso ilegítimo del poder público, que suman 61 casos, equivalente al 22.43 por ciento de todas las agresiones documentadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023.
El informe también destaca la trágica pérdida de tres periodistas durante este año: Marco Aurelio Ramírez (23 de mayo), Luis Martín Sánchez (7 de julio) y Nelson Matus (15 de julio). Además, se documentó la desaparición de Juan Carlos Hinojosa el 6 de julio.
Uno de los datos más alarmantes resaltados en el informe es que el Estado mexicano prevalece como el principal agresor contra periodistas y medios de comunicación, siendo responsable de un total de 140 agresiones en la primera mitad del año, es decir, uno de cada dos ataques contra la prensa proviene de funcionarios estatales.
El informe también desglosa las agresiones por nivel de gobierno, revelando que los funcionarios mexicanos con rango estatal encabezan la lista con un 23.5 por ciento de las agresiones, seguidos por el nivel federal con un 19.4 por ciento, y en tercer lugar, lo municipal con un 8.4 por ciento.
Esto marca un cambio significativo, ya que es la primera vez desde 2016 que el nivel federal no ocupa el último lugar en agresiones, sino el segundo.
Además de las agresiones estatales, el crimen organizado en México contribuyó con el registro de 30 agresiones a la prensa mexicana, mientras que particulares sumaron 48 incidentes y los partidos políticos 16.

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Las áreas de cobertura con mayor riesgo durante el período de enero a junio de 2023 fueron las relacionadas con corrupción y política, con un total de 137 incidentes, seguidas por seguridad y justicia (67), protesta o movimientos sociales (29) y derechos humanos (26).
La Ciudad de México fue la entidad mexicana con el mayor número de agresiones reportadas contra periodistas y medios de comunicación, con un total de 65 casos, lo que representa un 24 por ciento del total. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió cuando el periodista Ciro Gómez fue atacado a las afueras de su domicilio en el sur de la capital mexicana.
El informe también destaca que durante el primer semestre de 2023, 42 de las 65 agresiones documentadas en la Ciudad de México provinieron del espacio de las conferencias matutinas del ejecutivo federal, en las que el poder ejecutivo federal mencionó y calificó de manera negativa a la prensa en 114 ocasiones, de las cuales 42 fueron catalogadas como agresiones directas.

Otros estados que registraron un alto número de agresiones incluyen Quintana Roo, con 21 casos; Guanajuato, con 19; Puebla, con 18, y Coahuila, con 17.
Artículo 19 concluyó su informe haciendo un llamado a los estados, municipios y el Gobierno federal para que generen e implementen políticas públicas integrales de prevención y protección a periodistas y medios de comunicación.
También instó a asumir una narrativa que reconozca la importancia de la labor periodística en un contexto democrático y a abstenerse de estigmatizaciones, criminalización y descalificaciones en su contra, entre otras recomendaciones.
La publicación de este informe pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar y poner fin a la creciente violencia contra la prensa en México y garantizar la protección de los periodistas en el ejercicio de su trabajo fundamental para la sociedad.
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