Cancún, Quintana Roo. – Quintana Roo continúa encabezando una de las cifras más alarmantes del país: el delito de trata de personas. De acuerdo con las más recientes estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado concentra el 33.5 por ciento del total nacional, lo que lo mantiene en el primer lugar en este tipo de delitos.
El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, reconoció que la problemática ha derivado en una intensa labor de investigación y operativos que, en los últimos meses, han permitido rescatar a 844 víctimas, entre ellas menores de edad, mujeres mexicanas y extranjeras que eran explotadas bajo distintas formas de coerción.
Entre julio de 2023 y octubre de 2025, las autoridades detuvieron a 98 personas, hombres y mujeres, implicadas en redes dedicadas principalmente a la prostitución ajena. Todos los señalados fueron vinculados a proceso y se encuentran bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Las labores de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas han incluido 139 operativos de cateo en bares, centros nocturnos y casas de citas, donde se detectó la participación de grupos delictivos que reclutaban víctimas mediante engaños y promesas de empleo.
De las mujeres liberadas, 648 son mexicanas y 196 extranjeras procedentes de países como Colombia, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Brasil, Argentina, Guatemala, Cuba, Honduras, Italia, Noruega, Ucrania y Rusia. Además, 102 de las víctimas eran menores de edad, lo que agrava la dimensión del delito.
Hasta el momento, 24 personas han sido sentenciadas por su participación directa en casos de trata de personas, y purgan condena en los centros de reinserción social de Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Cozumel.
Durante este año, la Fiscalía ha recibido 129 denuncias formales relacionadas con este delito, con un promedio mensual de 10 a 16 carpetas de investigación iniciadas entre enero y septiembre.
Las autoridades estatales subrayan que el incremento en las denuncias refleja, en parte, una mayor confianza en las instituciones y una respuesta más coordinada entre dependencias, aunque advierten que la lucha contra la trata de personas sigue siendo uno de los mayores desafíos de seguridad y justicia en Quintana Roo.
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