La senadora Mayuli Martínez Simón (PAN), vicecoordinadora en el Senado, acusó a Morena de bloquear deliberadamente el debate sobre el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, prófugo y vinculado con el grupo criminal “La Barredora”. Durante la sesión del 23 de julio en la Comisión Permanente, denunció que el oficialismo impidió que el tema fuera parte de la agenda y limitó su intervención.
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El caso Bermúdez y la colusión política
Bermúdez Requena fue jefe de seguridad durante la gestión del actual coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y tiene una ficha roja emitida por Interpol para su captura en más de 190 países. Militantes del PAN y Movimiento Ciudadano señalaron que, pese a alertas sobre presuntos vínculos criminales desde 2022, fue respaldado públicamente por autoridades morenistas.

Bloqueo de debate y distracciones legislativas
La oposición solicitó formalmente reevaluar la agenda para incluir una discusión sobre seguridad pública y colusión criminal en Tabasco. El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, justificó la negativa alegando que únicamente estaba previsto debatir la situación migratoria en Florida (“Alligator Alcatraz”) y momentos irrelevantes como homenajes a figuras como Ozzy Osbourne desviaron la atención.

Críticas por omisión frente al crimen organizado
Martínez insistió en que México merece un gobierno que enfrente a los criminales, no que conspire con ellos. Reiteró que es indispensable investigar a “funcionarios implicados”, incluyendo a quienes promovieron a Bermúdez Requena a puestos clave. Subrayó que no callarán hasta que los responsables rindan cuentas ante el país.
Diputados panistas como Mario Íñiguez Franco también denunciaron encubrimiento político: “Primero lo arropan, luego se hacen los sorprendidos y después se lavan las manos, como Poncio Pilatos”.
Por su parte, el secretario Omar García Harfuch confirmó que la Fiscalía de Tabasco investiga a Bermúdez desde 2024 por cargos como extorsión, secuestro y asociación delictuosa. Afirmó que el Gobierno federal colabora en su localización, aunque hasta el momento no hay evidencias públicas que relacionen directamente a López con dichas actividades.
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