Las controvertidas boyas instaladas en el río Bravo en la frontera con México por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como medida para detener el flujo de migrantes, están siendo objeto de críticas y enfrentamientos legales. Expertos opinan que estas medidas, al igual que el muro de Trump y los contenedores fronterizos en Arizona, no logran detener a los migrantes indocumentados y violan los derechos humanos.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha pedido a una corte que ordene a Texas retirar las boyas con alambre de púas en un plazo de 10 días, argumentando que violan tratados internacionales y dañan las relaciones con México. Mientras tanto, Abbott justifica sus acciones culpando al presidente Biden y a los demócratas de inacción en la detención de migrantes.
Expertos señalan que estas medidas fronterizas buscan protagonismo político y suelen resultar en largas batallas judiciales. Además, exponen a los migrantes a peligros mortales y han generado demandas y protestas.
El muro de Trump también enfrentó críticas y demandas judiciales, y aunque el gobierno federal logró un acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) para poner fin a las demandas, las políticas impulsadas por el miedo terminan dañando los intereses, según ACLU.
Los expertos coinciden en que estas medidas fronterizas son inútiles y desperdician recursos que podrían utilizarse en temas de política pública más efectivos. Además, el desgaste del sistema de justicia y la confianza en él son otros efectos negativos de estas acciones.
La operación Estrella Solitaria, emprendida por Texas, ha asignado millones de dólares a estas medidas fronterizas, pero su eficacia está siendo cuestionada y su impacto en los migrantes es motivo de preocupación.
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