Dos megaproyectos solares fueron cancelados definitivamente en Yucatán después de siete años de defensa legal de comunidades mayas. El caso ocurre mientras la Península enfrenta una creciente demanda eléctrica y la CFE refuerza su infraestructura para evitar nuevas presiones sobre el sistema.
La discusión sobre cómo generar más electricidad en la Península de Yucatán acaba de sumar un capítulo que va mucho más allá de los paneles solares.
Mientras la región enfrenta una demanda eléctrica creciente y problemas de infraestructura que han contribuido a interrupciones del servicio, en Yucatán dos megaproyectos solares terminaron cancelados después de años de litigio impulsado por comunidades mayas.
El caso de Ticul A y Ticul B muestra el otro lado de la transición energética: generar electricidad con fuentes renovables no sólo requiere tecnología, inversión y capacidad de transmisión. También implica territorio, medio ambiente, derechos comunitarios y participación social.
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Más de un millón de paneles que ya no se instalarán
Los proyectos Ticul A y Ticul B pretendían instalar 1 millón 183 mil 500 paneles fotovoltaicos en los municipios de Muna, Sacalum y Ticul.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), ambos proyectos contemplaban la remoción de aproximadamente 603 hectáreas de selva y una operación prevista de 40 años.
Las comunidades mayas de San José Tipcéh y Planchac comenzaron su defensa legal en 2019.
El conflicto llegó a tribunales porque las comunidades argumentaron afectaciones a sus derechos territoriales y ambientales, así como problemas relacionados con la forma en que fueron evaluados los impactos de los proyectos.
En 2023 un Tribunal Colegiado había concedido la suspensión definitiva de los efectos de los permisos.
Después, en noviembre de 2025, el mismo proceso judicial derivó en una sentencia que ordenó dejar sin efectos las autorizaciones ambientales de los dos megaproyectos.
Finalmente, el 14 de abril de 2026, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) notificó resoluciones administrativas mediante las cuales quedaron sin efectos las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo de Ticul A y Ticul B.
El CEMDA confirmó la cancelación definitiva en junio de este año.
No fue simplemente decir “no”
Este punto es importante.
El caso de Ticul no terminó con una consulta comunitaria aislada y la cancelación automática de un parque solar.
Hubo siete años de defensa legal, suspensiones judiciales y una sentencia definitiva.
El Tribunal reconoció que las comunidades tenían interés legítimo para defender sus derechos y consideró las posibles afectaciones ambientales y bioculturales relacionadas con la remoción de selva.
Entre los impactos señalados durante el proceso estuvieron la fragmentación del ecosistema, afectaciones a flora y fauna protegidas, servicios ambientales, recarga del acuífero, acceso al agua, paisaje y elementos culturales de las comunidades.
Por ello, presentar el caso únicamente como “comunidades contra energías limpias” sería incorrecto.
De hecho, el propio CEMDA sostiene que la transición hacia energías renovables es necesaria, pero plantea que debe realizarse respetando los derechos de las comunidades y el patrimonio natural.
Y aquí aparece el problema de la Península
La necesidad de generar y transportar más electricidad en la región es real.
La CFE informó en abril que puso en operación infraestructura en la subestación Zac Nicté, en Playa del Carmen, como parte de trabajos de ampliación de la Red Nacional de Transmisión en la Península.
La obra, según la empresa, busca mejorar la calidad y seguridad del suministro para 708 mil 788 servicios eléctricos de la región.
Pero la presión sobre el sistema también ha quedado expuesta este año.
El 3 de junio, CFE y CENACE reportaron la salida de operación de dos líneas de transmisión de 400 kilovoltios entre Escárcega y Ticul.
El incidente afectó temporalmente 579 megawatts de carga en Yucatán y Quintana Roo, además de 54 MW de exportación hacia Belice.
Y en agosto, un análisis de El Economista señaló que el crecimiento de la demanda eléctrica en la Península está superando la expansión de la infraestructura, una situación relacionada con las interrupciones que se han registrado particularmente en Quintana Roo.
El reto: producir más, pero también hacerlo bien
La pregunta entonces ya no es solamente “¿de dónde saldrá la electricidad que necesita la Península?”
También es:
¿Dónde se instalarán los nuevos proyectos, qué impactos tendrán y quién participará en esas decisiones?
La legislación vigente contempla mecanismos específicos para responder a esa pregunta.
El Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico establece que los proyectos sujetos a autorización deben presentar una Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE).
La Secretaría de Energía explica que esta herramienta debe identificar impactos sociales positivos y negativos, establecer medidas para mitigar afectaciones y contemplar estrategias para garantizar sostenibilidad social, participación y respeto a los derechos humanos.
Cuando un proyecto involucra a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas y procede una consulta previa, el reglamento establece etapas de planeación, acuerdos previos, información, deliberación y consulta.
El objetivo es alcanzar acuerdos y, conforme a la normativa aplicable, obtener el consentimiento libre, previo e informado cuando corresponda.
¿Y qué puede hacer una comunidad?
Aquí está la parte que más puede servirle a la gente.
Cuando se anuncia un proyecto energético en una zona, la participación ciudadana no debería comenzar cuando las máquinas llegan al terreno.
La propia regulación contempla procesos de información, impacto social y, en los casos que correspondan, consulta previa.
Además, los procedimientos ambientales pueden abrir espacios de consulta pública para que ciudadanos, especialistas y organizaciones presenten observaciones sobre los proyectos y sus posibles impactos.
Un ejemplo reciente ocurrió en Quintana Roo con el proyecto “Perfect Day”, en Mahahual: Semarnat informó en mayo que había recibido más de 14 mil opiniones ciudadanas durante la consulta pública y que la información aportada por comunidades, especialistas y organizaciones formaba parte de la evaluación.
Esto significa que la participación ciudadana puede tener un papel concreto dentro de los procesos ambientales.
La lección que deja Ticul
El caso yucateco tampoco significa que toda comunidad que rechace un proyecto energético vaya a conseguir su cancelación.
Cada proyecto tiene características, permisos, impactos, comunidades y procedimientos jurídicos distintos.
Lo que sí demuestra Ticul es que la participación comunitaria puede convertirse en una parte determinante de la discusión sobre infraestructura energética, especialmente cuando existen derechos indígenas, impactos ambientales y procesos de autorización que pueden ser cuestionados ante los tribunales.
Y eso adquiere especial relevancia en una Península que necesita ampliar su capacidad eléctrica.
Porque el desafío no consiste únicamente en instalar más paneles, más centrales o más líneas.
También consiste en decidir dónde, cómo, con qué impactos y con qué participación de las personas que viven en esos territorios.
La transición energética, en otras palabras, no se juega solamente en las plantas de generación.
También se juega en las comunidades.
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