El Consejo Nacional Contra la Discriminación (Conapred), precisa que el Estado mexicano reconoce “las familias nucleares compuestas por padres y madres, e hijas e hijos (biológicos o adoptivos) constituidas mediante el matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijas e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales, y también familias homoparentales o lesbomaternales integradas por padres o madres con la posibilidad de tener hijos e hijas (biológicos o adoptivos) o no tenerlos”.
Lo anterior tras aclarar que desde el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó jurisprudencia y dejó claro que el Estado mexicano no reconoce un solo tipo de familia en particular o un “modelo de familia ideal”, sino que lo que protege es a la familia como realidad social, incluyendo en ella a todas las formas y manifestaciones que de la familia existen en la sociedad.
Cifras oficiales exponen la “diversidad” que existe al interior de los hogares mexicanos. De un total de 28 millones 700 mil hogares, sólo 11 millones 700 mil (40.7%) están habitados por parejas heterosexuales casadas y con hijos comunes a ambos cónyuges. La mayoría restante consiste en parejas en unión libre (16.6%) y personas que viven solas (9.4%), así como en hogares con una jefa sola (16.3%) o un jefe solo (4.4%).
El reconocimiento a los diversos tipos de familias que ha hecho el máximo tribunal en México, encuentra su fundamento en el principio de que todas las personas somos libres e iguales en derechos y dignidad. Libres para determinar a quién amar y con quien compartir la vida. E iguales en dignidad para tener el derecho a formar una familia y que sea protegida por el Estado.
De acuerdo con la tesis de jurisprudencia (1ª./J.46/2015) de la SCJN, las parejas homosexuales tienen el mismo derecho a contraer matrimonio que las parejas heterosexuales.
“No reconocerlo, de acuerdo con la Corte, implicaría una ofensa a su dignidad y a su integridad”, advierte el Conapred.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Recomendación General No. 23, señala que el matrimonio es una forma de convivencia susceptible de cambiar social y jurídicamente y que su acceso no puede estar condicionado por la orientación sexual.
En ello se sustentan las dos iniciativas del Ejecutivo Federal presentadas el pasado 17 de mayo –Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia en México- ante el Congreso de la Unión, con el propósito de reformar la Constitución y al Código Civil Federal, a fin de reconocer el derecho a contraer matrimonio sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. El matrimonio es una forma, entre otras, de constituir una familia.
A partir de entonces y hasta ahora han surgido diversas voces que con base en creencias e ideologías –algunas de índole religioso- demandan el reconocimiento de un modelo único de familia.
“Si bien es cierto que quienes han expresado esta convicción tienen derecho a expresar libremente sus ideas y conservar sus creencias -en este caso su doctrina religiosa como lo reconocen los artículos 6 y 24 de la Constitución Federal, 12 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, también es cierto que en un Estado laico y democrático no es aceptable la imposición de ideología o creencia alguna por encima del reconocimiento de los derechos humanos”, enfatiza el Conapred.
En este sentido, la prevalencia del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos lleva a sostener e insistir en que no existe un solo tipo de familia a la que el Estado mexicano esté obligado a proteger, sino que la obligación de reconocimiento y protección abarca a todas las familias que existen como realidad social.
Fomentar la discriminación hacia las personas por su condición u orientación sexual y de género, así como pretender excluir a las familias que no reproducen el modelo nuclear tradicional, a través de expresiones y discursos que pueden incitar al odio y a la violencia, como ha ocurrido en los últimos meses, vulnera los derechos humanos de todas las personas, finaliza el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Fuente: MVS Noticias
