En un reciente giro de eventos, Janely Monroy Rodríguez ha sido destituida de su cargo como Directora de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, debido a su presunta participación en un uso indebido del Programa Mujer es Vida.
La medida fue tomada por la presidenta municipal, Yensunni Idalia Martínez Hernández, quien afirmó que, en caso de que se presenten repercusiones legales, Monroy Rodríguez enfrentará consecuencias en la vía civil.
Las acusaciones contra Monroy Rodríguez surgieron después de que se descubriera que había recibido los tres apoyos otorgados por el Programa Mujer es Vida durante un período de cinco meses.
Estos apoyos están destinados a mujeres en situaciones vulnerables y buscan brindar un respaldo económico para su bienestar.
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La destitución de Monroy Rodríguez se fundamenta en su ingreso mensual promedio de 40 mil pesos, que supera las pautas establecidas por el programa y se considera como una violación a las reglas de operación del mismo.
La presidenta municipal reconoció las habilidades y el desempeño laboral de Monroy Rodríguez en sus encomiendas anteriores, calificándola como un “buen elemento”.
Sin embargo, subrayó que esto no justifica sus acciones, que parecen contravenir los principios fundamentales que guían la administración actual, conocida como la “4T”.
La presidenta municipal ordenó a la Contraloría Interna llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar si existen otros funcionarios municipales involucrados en situaciones similares.
Esto se da en medio de un esfuerzo por garantizar la integridad y la transparencia en el gobierno local.
No es la primera vez que se descubren comportamientos similares entre funcionarios. Además de Monroy Rodríguez, se menciona a diversas funcionarias, incluyendo a Rosana de los Ángeles Abán Mukul, ex encargada del Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Secretaría Estatal del Bienestar (Sebien).
Yeseña Marleni Escalera Valencia, directora de Atención a Rezago Alimentario de la Zona Norte; Ana Luisa Chávez Mah Eng, jefa del Departamento de Apoyo Alimentario de Inclusión Social en la Zona Norte; y Breya Hodich Alcocer, delegada del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo (Icatqr).
Todas estas funcionarias han sido separadas de sus cargos mientras la Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes) lleva a cabo investigaciones y auditorías exhaustivas sobre sus acciones.
Este conjunto de situaciones resalta la importancia de la vigilancia y la rendición de cuentas en la administración pública, y refuerza el compromiso de las autoridades para mantener la integridad en los programas destinados a beneficiar a la sociedad en su conjunto.
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