En un giro significativo en la relación entre los municipios y el gobierno de Nuevo León, al menos 17 alcaldías han decidido emprender acciones legales contra el gobernador Samuel García y su administración. La razón principal de este enfrentamiento radica en la falta de entrega de recursos económicos a los que los municipios tienen derecho, así como la retención de al menos 10 alcaldes por parte de Fuerza Civil, la fuerza policial estatal.
Daniel Carrillo, presidente municipal de San Nicolás de los Garza, expresó fuertes críticas hacia García, describiéndolo como un “ladrón de los recursos del pueblo de Nuevo León”. Carrillo acusó al gobernador de buscar retener los fondos municipales para utilizarlos en la campaña electoral de su esposa, Mariana Rodríguez, quien aspira a la alcaldía de Monterrey.
La tensión ha escalado al punto de que se han presentado notificaciones ante la Tesorería estatal, demostrando que las suspensiones que argumentaba García para no entregar los recursos ya no están vigentes. Sin embargo, la Tesorería se ha negado a recibir dicha documentación, generando aún más controversia en el conflicto entre el gobierno estatal y los municipios.
La situación se agrava al considerar que el gobernador ha dejado en claro su papel como líder y jefe de campaña de Movimiento Ciudadano, en lugar de enfocarse en su deber de gobernar el estado. Carrillo lamentó la actitud de García y lo calificó como una “vergüenza nacional”, criticando su enfoque en la política partidista en lugar de atender las necesidades y demandas de los ciudadanos de Nuevo León.
Los municipios que se unen en esta demanda contra el gobierno estatal son diversos, incluyendo San Nicolás de los Garza, Santiago, Agualeguas, Lampazos de Naranjo, Guadalupe, Doctor González, General Treviño, Galeana, Parás, Bustamante, Pesquería, Higueras, Arroyo, García, Juárez y Cadereyta. Todos estos han decidido tomar acciones legales para exigir la entrega inmediata de los recursos que les corresponden y que el gobierno estatal retiene.
Este conflicto entre los municipios y el gobierno de Samuel García podría tener repercusiones significativas en el estado y sus habitantes, afectando la prestación de servicios públicos y el desarrollo local. La falta de diálogo y la escalada de tensiones evidencian la necesidad de buscar soluciones consensuadas que beneficien a la población y promuevan un ambiente de cooperación entre las distintas instancias de gobierno en Nuevo León.
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