La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han celebrado un hito importante en la legislación mexicana: la promulgación de una ley estatal que reconoce el derecho de los desaparecidos “a ser identificados”.
En un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones destacaron la importancia de la nueva Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para Baja California, considerándola como un avance significativo en la protección jurídica de las personas desaparecidas y sus familiares.
Una de las características más destacadas de esta ley es la inclusión de un capítulo específico sobre identificación humana, lo que la convierte en la primera a nivel estatal en reconocer este derecho fundamental. Este capítulo establece la obligación de las autoridades de colaborar en el proceso de identificación, reconociendo así la dignidad de cada persona desaparecida.
Esta medida cobra especial relevancia en un país como México, que enfrenta una crisis de desapariciones sin precedentes, con más de 115 mil personas desaparecidas y no localizadas, según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped). Además, se enfrenta a una crisis forense con más de 50 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes, cementerios y morgues en todo el país, según cifras oficiales.
La nueva ley de Baja California que celebra la ONU-DH, también establece los elementos mínimos que deben contener los protocolos de identificación, asegurando así que las autoridades cuenten con estándares homologados para llevar a cabo este proceso de manera efectiva. Asimismo, prevé la creación y operación de la Comisión Local de Búsqueda, en coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.
ONU-DH enfatiza que aún se necesita esfuerzo para un crear un cambio significativo
Sin embargo, tanto la ONU-DH como el CICR enfatizan que la consolidación de este marco jurídico requiere no solo la promulgación de leyes, sino también la asignación de los recursos necesarios, tanto materiales como humanos e infraestructurales, para garantizar su implementación efectiva.
En resumen, la ONU-DH indica que la nueva ley de Baja California representa un paso significativo hacia adelante en la búsqueda de justicia y dignidad para las personas desaparecidas y sus familias en México, y es un modelo a seguir para otros estados del país en la lucha contra la desaparición forzada y la impunidad.
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