Ciudad de México.— La respuesta del Estado mexicano a los cuestionamientos de Naciones Unidas por los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, no aporta información sustantiva ni enfrenta de fondo la crisis de desapariciones que vive el país, advirtió Michael Chamberlin, presidente de Consultora Solidaria SC y experto certificado por Justice Rapid Response.
ONU reaccionó por un problema estructural, no por un caso aislado
Durante una entrevista en Aristegui en Vivo, Chamberlin explicó que la confirmación de la existencia de un presunto centro del crimen organizado en Teuchitlán provocó una reacción inédita de varios órganos independientes de la ONU, entre ellos el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y el relator sobre ejecuciones extrajudiciales.
Señaló que esta preocupación no deriva de un solo caso, sino de un seguimiento de largo plazo a la situación en México. “Tienen muchos años observando lo que ocurre en el país y saben que Teuchitlán no es un hecho aislado, sino parte de un problema grave y persistente”, afirmó.
Respuesta oficial: retórica sin datos ni plazos
El especialista detalló que estos mecanismos enviaron a mediados de año una carta al Estado mexicano solicitando información específica sobre las investigaciones en el rancho, el resguardo del sitio, la atención a las víctimas y las acciones frente a la crisis forense.
La respuesta gubernamental, fechada el 4 de agosto y conocida públicamente semanas después, consta de 20 cuartillas, pero su contenido es, según Chamberlin, mayormente declarativo. “Reitera el compromiso presidencial con las víctimas, pero no incluye cifras, diagnósticos ni plazos concretos”, explicó.
Añadió que se mencionan instituciones como el Centro Nacional de Identificación Forense y la Comisión Nacional de Búsqueda, “pero sin detallar cómo, cuándo ni con qué recursos se fortalecerán”.
Falta de presupuesto contradice compromisos oficiales
Chamberlin subrayó la contradicción entre el discurso oficial y la realidad presupuestal. “No hay un match entre la voluntad expresada y los recursos disponibles para identificar cuerpos o fortalecer la búsqueda”, señaló.
Asimismo, criticó que el Estado insista en atribuir las desapariciones exclusivamente a la delincuencia organizada. “México no cuenta con un diagnóstico serio sobre por qué ocurren las desapariciones desde hace casi veinte años”, sostuvo, al recordar que las políticas implementadas no han logrado detener el fenómeno y que la impunidad persiste.
Falta de investigación y búsqueda, eje de la preocupación internacional
Desde su perspectiva, la alarma de la ONU se centra en la ausencia de investigación efectiva y de búsqueda. “Lo que sí sabemos es que el Estado no investiga los casos y tampoco busca”, afirmó, lo que impide esclarecer qué ocurre entre la privación de la libertad y el destino final de las víctimas.
En este contexto, explicó que se ha planteado la noción de responsabilidad del Estado por aquiescencia, al existir permisividad frente a un fenómeno generalizado. Recordó que tanto comités de la ONU como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que, ante contextos de violaciones sistemáticas, corresponde al Estado demostrar que no se trata de desapariciones forzadas.
Teuchitlán no es el centro del problema, sino un síntoma
Sobre el debate en torno a si el Rancho Izaguirre fue solo un centro de reclutamiento forzado o también un campo de exterminio, Chamberlin consideró que el enfoque es limitado. “El fenómeno no se restringe a Teuchitlán ni a un solo predio”, advirtió.
Expuso que el reclutamiento forzado del crimen organizado ocurre de manera generalizada en Jalisco y otros estados, frecuentemente mediante ofertas de trabajo falsas difundidas en redes sociales, y que existen reportes de ejecuciones como mecanismos de control interno.
México, con más acciones urgentes por desapariciones que países en guerra
Chamberlin señaló que existe una solicitud de acción urgente ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas para esclarecer el manejo de posibles restos hallados en el rancho, ante la preocupación de familias de distintos estados.
“México es el país que más acciones urgentes tiene ante el comité, incluso más que países como Siria”, destacó, al subrayar la dimensión internacional de la crisis.
Activación del artículo 34 de la ONU, un hecho histórico
El experto recordó que el comité activó, por primera vez en su historia, el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que permite llevar una situación grave y sistemática ante la Asamblea General de la ONU.
Aunque reconoció avances normativos, como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, sostuvo que estas medidas “no detienen las desapariciones ni garantizan justicia”.
“El artículo 34 es un último recurso para proteger a las víctimas y establecer un acompañamiento internacional efectivo”, concluyó, al señalar que México debe pasar de las promesas a acciones concretas para frenar la desaparición forzada de personas.
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