CIUDAD DE MÉXICO. — Por primera vez desde la entrada en vigor de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU llevará la situación de México ante la Asamblea General. El presidente del comité, Juan Pablo Albán, comparecerá este martes ante la Tercera Comisión para presentar su informe anual y abordar la decisión de recurrir al artículo 34 de la convención, un procedimiento excepcional que busca movilizar la cooperación internacional .
La comparecencia no significa que la Asamblea General haya emitido una resolución contra México ni que exista una sentencia internacional. Se trata de un mecanismo mediante el cual el Comité somete la situación a consideración de ese órgano para evaluar medidas de apoyo técnico y financiero .
Los indicios que detonaron el procedimiento
En su decisión publicada en abril de 2026, el Comité concluyó que la información recibida contiene “indicios fundados” de que las desapariciones forzadas en México se han cometido y se siguen cometiendo como crímenes de lesa humanidad, con base en su evaluación de múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y partes del país .
El Comité precisó que no encontró evidencia de una política federal para cometer desapariciones forzadas, pero sí recibió información sustanciada que apunta a la participación directa de funcionarios públicos, o su autorización, apoyo o aquiescencia, en algunos de los casos reportados .
“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad ocurran en todo el país o sean orquestados desde los más altos niveles de gobierno. Lo que importa es la escala, el patrón de los ataques y la selección de civiles”,
— Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada .
La magnitud del registro
El Comité citó las cifras oficiales: más de 132,400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026, una cifra que mantiene una tendencia al alza. A inicios de 2026, las autoridades estimaban alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar, frente a los 52,000 que se contabilizaban en la visita del Comité en 2021 .
El organismo también advirtió que la situación “no ha mostrado una mejora sustancial” desde su visita al país en 2021, a pesar de los pasos dados, y que las autoridades siguen rebasadas por la escala de la crisis .
El rechazo del gobierno mexicano
La decisión del Comité fue rechazada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien argumentó razones “técnico-jurídicas” y acusó que el informe tiene la orientación de “criticar al gobierno” y llevarlo ante la Asamblea General .
“Consideramos que, dado que estamos atendiendo el tema, eso no tiene cabida”,
— Claudia Sheinbaum, presidenta de México .
La mandataria sostuvo que el Comité “extrapoló” un análisis de casos de 2009 a 2017 a la situación actual y que no tomó en cuenta los avances de su administración, como la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición de julio de 2025, que obliga a abrir una carpeta de investigación por cada reporte y a iniciar la búsqueda de inmediato .
La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que calificó el informe de “tendencioso” y sostuvo que no coincide con la definición de desaparición forzada del propio Comité .
Un diálogo tenso
El presidente del Comité respondió a las críticas con un mensaje en la red social X, en el que precisó que los órganos de tratados forman parte del sistema de Naciones Unidas y que su función es supervisar el cumplimiento de los acuerdos internacionales.
“El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable. Es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos”,
— Juan Pablo Albán .
Lo que sigue
La comparecencia de este martes ante la Tercera Comisión abre la puerta a que la Asamblea General considere medidas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para México en materia de búsqueda, análisis forense e investigación de vínculos entre funcionarios y crimen organizado .
La presentación no implica una resolución automática. Pero coloca la crisis de desapariciones en México en el centro del escrutinio internacional, justo cuando el gobierno mexicano insiste en que está atendiendo el problema.
Sé el primero en comentar post