En conferencia de prensa Socios de UBER pidieron juicio político para las ex diputadas Cristina Torres ahora con el cargo de Secretaría de Gobierno de Quintana Roo y Erika Castillo Acosta actual directora de Gobierno de Quintana Roo, así como del director general del Instituto de Movilidad ImoveQroo, Rodrigo Alcázar Urrutia.
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Carlos Calzado, socio conductor de la plataforma recalcó que la situación de impunidad es grave en donde incluso los taxistas pueden hacer amenazas con armas de fuego a los conductores de UBER, sin ningún tipo de consecuencias y los protege el fiscal del Estado, Óscar Montes De Oca.
“Quintana Roo, se encuentra sumido en la impunidad y la corrupción, en donde se percibe una falta de voluntad por parte de la gobernadora de la entidad; María Elena Lezama, para resolver las situaciones de inseguridad e ingobernabilidad que existe y para muestra el conflicto de UBER vs Taxistas”.
Así lo indicó, el socio conductor de la plataforma.
Más de 500 denuncias hacia taxistas por parte de uber
Afirmó que hasta el momento van 500 denuncias que interpusieron y solo las tienen almacenadas, de hecho hay una denuncia interpuesta contra un taxistas que con pistola en mano amenazó a una conductora de Uber, la cual trató la policía turística municipal como delincuente y enviaron su automóvil al corralón.
Sin embargo el taxista que agredió a la conductora de la plataforma, los servidores públicos de la FGE solo comentaron que no pueden hacer nada ya que no encuentran al taxista ni su vehículo, por lo que ven al fiscal del estado como el mayor cómplice de los grupo delincuenciales en la entidad.
Señaló que la falta de acción por parte de las autoridades ha generado un clima de impunidad que afecta a todos los quintanarroenses demostrando un estado sin derechos en donde ni la ciudadanía, ni los turistas se sienten seguros, a pesar de ser una entidad que vive del turismo al 100%.
A pesar de las solicitudes de juicio político, la gobernadora no ha tomado ninguna acción y deja la responsabilidad en manos del poder judicial, en donde hacen responsables a los tres funcionarios antes mencionados, por todas las agresiones que viven en manos de taxistas.
Asimismo, afirman que la propuesta de porcentaje manifestado por Rodrigo Alcázar del 7% afectaría principalmente a los conductores de Uber y no a la empresa, lo que muestra una falta de interés por parte de las autoridades en resolver la problemática.
Aseveró que no importan los cambios en el gobierno, ya sea Carlos Joaquín, Roberto Borge, Félix González o Mara Lezama, no sé logra erradicar la corrupción y la violencia.
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