Ciudad de México.- La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que es analizada en comisiones, cuyo fin es establecer claramente la sanciones para las empresas telefónicas que no cumplan con la obligación de bloquear las llamadas realizadas desde centros penitenciarios.
El diputado promovente, Jorge Luis Preciado, señaló que se estima, cada año la delincuencia organizada realiza cerca de 3.7 millones de llamadas desde teléfonos celulares y casetas ubicadas en cárceles federales y estatales, con el fin de cometer delitos como extorsión, lo anterior, de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
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Preciado Rodríguez pidió establecer en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un capítulo denominado “Sanciones en materia de seguridad y justicia”, a fin de imponer multas de 1.1 y hasta 4 por ciento de los ingresos del concesionario de telefonía que incumpla la obligación de bloquear las llamadas realizadas desde dispositivos localizados en centros penitenciarios.
Señaló que la reincidencia en el incumplimiento, debería penalizarse con la revocación de las concesiones. Al pedir que se impongan las sanciones referidas, el diputado Preciado Rodríguez señaló que según el Comité Especializado de Estudios de Investigación en Telecomunicaciones, cada semana se realizan desde penales estatales, cerca de 43 mil enlaces telefónicos, utilizando 90 dispositivos.
Agregó que lo recaudado con el cobro de multas aplicadas a las compañías de telecomunicaciones, debería destinarse al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas, contemplado en la ley.
Recordó que el artículo 190 de la norma, establece que los concesionarios colaborarán con las autoridades competentes, al fin de cancelar o anular de manera permanente las señales de teléfono celular, radio comunicación, transmisión de datos o imágenes, dentro del perímetro de los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o de internamiento para menores de edad a nivel federal o local.
Añadió que si la norma se cumpliera, se podría avanzar en el combate a los delitos de extorsión vía telefónica.
Para ejemplificar la gravedad del problema, indicó que entre enero y agosto de 2017, se presentaron cerca de 206 mil reportes de víctimas de extorsión.
De acuerdo a la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, refrendó, de los más de cinco millones de llamadas hechas ese año, 3.7 millones tuvieron fines de torsión y salieron de centros penitenciarios. Fuente: MVS Noticias
