Como parte de las acciones para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la corporación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Benito Juárez confirmó que 34 elementos municipales han sido arrestados por incumplir el uso obligatorio de cámaras de solapa durante sus servicios, además de un policía que ya enfrenta un procedimiento administrativo que podría derivar en su suspensión definitiva.
El director de Asuntos Internos, Ricardo Zamora Patiño, explicó que estas medidas forman parte de un esquema permanente de supervisión, mediante recorridos aleatorios y revisiones directas al personal operativo, principalmente del área de Tránsito, donde se ha concentrado la mayor parte de las faltas.
Detalló que, aunque durante enero no se registraron nuevos arrestos, el acumulado desde el año pasado refleja 34 sanciones, resultado de detectar a elementos que omitieron portar el dispositivo o lo dejaron dentro de las unidades, práctica que está expresamente prohibida por el reglamento interno.
El funcionario precisó que el proceso disciplinario contempla arrestos de hasta 36 horas, dependiendo de la gravedad y reincidencia del elemento, dijo que en caso de repetir la conducta, se inicia una investigación formal que puede escalar hasta la suspensión del cargo, la cual debe ser valorada por el Consejo correspondiente.
Zamora Patiño subrayó que el objetivo no es únicamente sancionar, sino corregir prácticas indebidas y garantizar que cada intervención policial quede debidamente registrada, como mecanismo de protección tanto para la ciudadanía como para los propios agentes.
Asimismo, indicó que cuando se detectan indicios de un posible delito, se da vista inmediata a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo o a la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, instancias responsables de llevar a cabo las investigaciones penales correspondientes.
Finalmente, reiteró que el uso permanente de la cámara de solapa es una obligación para todos los policías municipales y una pieza clave dentro de la estrategia institucional para elevar los estándares de actuación y fortalecer la confianza ciudadana.
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