VERACRUZ, VER. — Lo que inició como un esfuerzo honesto para costear sus estudios profesionales se transformó en una pesadilla financiera. Enrique Vega Mayer, un joven de 22 años y estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en el Instituto Tecnológico de Veracruz, denunció públicamente haber sido víctima de una trampa (“un cuatro”) por parte de las autoridades de transporte local, lo que derivó en una multa de 120 mil pesos por operar una unidad mediante la plataforma digital InDriver.
El caso ha encendido las alarmas entre los conductores de aplicaciones de movilidad y ha desatado una ola de indignación ciudadana en el estado de Veracruz debido a la severidad de la sanción económica impuesta a un estudiante de escasos recursos.
La trampa: Un viaje directo al retén
De acuerdo con el testimonio de Enrique, los hechos ocurrieron cuando aceptó una solicitud de viaje rutinaria a través de la aplicación. Lo que parecía un servicio común resultó ser una emboscada planificada por las propias autoridades reguladoras:
- El gancho: Un supuesto usuario abordó la unidad o solicitó el servicio pidiendo un destino específico.
- La entrega: Al llegar al punto indicado por la aplicación, el conductor fue recibido de inmediato por un operativo conformado por agentes de tránsito estatales y una grúa que ya aguardaba en el sitio.
- El decomiso: Sin oportunidad de mediación, su automóvil fue retenido y remolcado al corralón, notificándole posteriormente el exorbitante monto de la penalización.
“Yo no sabía que era ilegal. La aplicación te pide fotografías del vehículo, revisa tus datos y te acepta. Pensé que no había ningún problema”, explicó el joven, visiblemente afectado por la situación jurídica en la que se encuentra.
“Si tuviera 120 mil pesos, no estaría trabajando”
El trasfondo del incidente refleja la realidad de miles de jóvenes universitarios en el país que recurren al autoempleo para solventar inscripciones, materiales y transporte. Enrique enfatizó que su incursión en el transporte privado era estrictamente para salir adelante y cubrir sus gastos escolares.
“Es un dinero que no tengo. Si tuviera 120 mil pesos, no estaría trabajando para poder continuar estudiando”, lamentó el universitario, quien ahora enfrenta no solo la posible pérdida definitiva de su herramienta de trabajo, sino una deuda que califica como imposible de liquidar.
Ola de indignación y el vacío legal de las plataformas
La denuncia de Vega Mayer rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios, colectivos estudiantiles y ciudadanos en general han arremetido contra los métodos de operación de las autoridades viales de Veracruz. Los internautas critican que se utilicen recursos públicos para “cazar” a ciudadanos que buscan un ingreso honrado en lugar de combatir la delincuencia.
Hasta el momento, las autoridades de transporte de Veracruz no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso ni sobre la flexibilización de la multa. Mientras tanto, el vacío legal y la falta de regularización de plataformas como InDriver en la entidad continúan cobrando facturas millonarias a los sectores más vulnerables de la población activa.
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