Clausuras por destruir selva y manglar sin permiso
La destrucción de 119 hectáreas de selva y la construcción irregular dentro de una de las áreas naturales más importantes del país encendieron las alertas ambientales en Campeche. En solo una semana, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso cuatro clausuras totales temporales tras detectar obras, rellenos y cambios de uso de suelo sin autorización en zonas donde la ley lo prohíbe. Tres de los sitios afectados se encuentran dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, una de las reservas ecológicas más valiosas y vulnerables del sureste mexicano.
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Las inspecciones revelaron desmontes masivos, relleno de manglares, plataformas sobre terreno ganado al mar y construcción en línea de costa, todo sin los permisos ambientales que deben ser emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esta intervención de Profepa busca frenar daños irreversibles en un ecosistema clave para la biodiversidad, donde habitan especies protegidas como manatíes, cocodrilos, aves migratorias y vegetación de selva baja.
Las clausuras y los daños detectados
La primera clausura ocurrió el 22 de octubre de 2025 en un terreno forestal a un costado de la carretera federal 261, tramo Campeche–Chencollí, en el municipio de Campeche. Ahí, personal de Profepa documentó la remoción total de vegetación de selva baja espinosa subperennifolia en una superficie de 119 hectáreas, sin que los responsables presentaran la autorización en materia de cambio de uso de suelo. La extensión del terreno afectado representa una pérdida ambiental significativa, pues se trata de un tipo de vegetación que tarda décadas en regenerarse de manera natural. Para evitar que la maquinaria continuara operando, se impuso una clausura total temporal del sitio.
La segunda clausura se realizó el 28 de octubre en un predio rústico denominado Huarixe, polígono tres, ubicado en el tramo Carmen–Puerto Real. Los inspectores detectaron el relleno de aproximadamente 4,000 metros cuadrados con material pétreo y escombro, además de tala de mangle, vegetación protegida por la Ley General de Vida Silvestre debido a su función como barrera natural contra huracanes, criadero de fauna marina y filtro biológico. Al no contar con la autorización en materia de impacto ambiental, Profepa clausuró el predio para detener la degradación de los ecosistemas costeros.
La tercera clausura ocurrió el 30 de octubre en un predio cercano al kilómetro 32 de la misma carretera Carmen–Puerto Real, dentro del área protegida. En ese punto se encontró el inicio de una obra con cimentaciones y estructura de varilla en 150 metros cuadrados, sin permisos federales. La edificación, al estar ubicada en zona costera, representaba riesgo de erosión y afectación al equilibrio ecológico, por lo que se detuvo cualquier avance.
Ese mismo día se impuso la cuarta clausura, esta vez en el malecón Nelson Barrera Remellón, en Ciudad del Carmen. Se halló una plataforma de madera de dos niveles edificada sobre terrenos ganados al mar, también sin autorización ambiental. Este tipo de obras modifica el flujo natural del agua y altera el ecosistema marino-costero, de ahí la medida de seguridad impuesta.
Profepa mantiene vigilancia y advierte sanciones
La dependencia federal informó que continuará con operativos de inspección en el estado para frenar la expansión irregular de obras privadas que afectan selvas, humedales y zonas protegidas. Además, advirtió que los responsables pueden enfrentar sanciones administrativas y penales, ya que la remoción de vegetación y afectación a ecosistemas protegidos constituye delito ambiental.
Profepa reiteró que toda obra dentro de un Área Natural Protegida requiere autorización previa de Semarnat, y llamó a empresas, propietarios y desarrolladores a cumplir con la normatividad antes de intervenir ecosistemas que tardan siglos en formarse y solo días en destruirse.
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