Por violencia física, verbal, psicológica y económica denuncia una mujer a ex presidente de la Coparmex, Sergio León Cervantes. Promueven juicio político en contra de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Verónica Acacio, por influir en una jueza para dictar acuerdos que lo favorecen.
Se trata de una mujer de origen de Colombia y que es nacionalizada mexicana. Catalina Castro, refiere que contrajo matrimonio con León Cervantes en 2012.
Ante los actos de violencia que vivió, la afectada procedió con la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razones de Género.
Después solicitó el trámite de divorcio, lo cual, a dicho de la víctima, enfureció al empresario, quien la amenazó y le quitó a su hija de tres años y a su hijo de nueve.
La defensa legal de la afectada, afirma que el empresario utilizó sus influencias. Incluso, la amistad con la magistrada quien le ayudó con la secretaria de acuerdos, con funciones de jueza, Citlaly Padilla para favorecerlo.
Debido a lo anterior Padilla Zuñiga fue denunciada por tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad, presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
La defensa ya solicitó la separación definitiva de la magistrada y la jueza de sus cargos que ocupan al considerar que debieron excusarse, desde un principio, de conocer y abordar el asunto, al haber un “notorio” conflicto de interés.
Contexto
El pasado 21 de enero Catalina Castro, de 37 años, acudió al Centro de Justicia para la Mujer (CJM) en Cancún y presentó una denuncia en contra de Sergio León. Que dio pie a la apertura de una carpeta de investigación con el número FGE/ QROO/ CAN/ CJM/ 01/ 27/ 2022, con número único de caso FGE/ QROO/ BJ/ 01/ 1164/ 2022.
La afectada relató en su denuncia que más de un año fue víctima de distintas modalidades de violencia.
Posteriormente solicita ante el Juzgado Primero Familiar Oral de Primera instancia, la solicitud de divorcio unilateral.
El entonces presidente de la Coparmex negó los hechos, admitió que durante su matrimonio “hubo discusiones, pero violencia no” y manifestó que en la historia “hay dos versiones”, pero optó por no hacer pública la suya, bajo el argumento de no afectar a sus hijos.
Catalina logró registrar algunos de esos actos mediante un celular –registrado a nombre de la empresa de su esposo– que fue destruido por el propio León Cervantes.
Sin embargo, ella logró poner a salvo algunas imágenes en donde se le ve con golpes en el rostro y en el cuerpo, así como marcas en el cuello.
Fue a partir de la denuncia y la solicitud de divorcio, León Cervantes le retiró todo apoyo económico a sabiendas de que ella dependía de él. Haciéndole ver que él era “una persona poderosa”, con todos los contactos a nivel estatal y que ella estaba en la ciudad y en el país, sola.
Revictimizada por la autoridad
Ante la situación Catalina tramitó un amparo el 10 de febrero, contra la entrega de los niños y la orden para desocupar su casa.
También buscó apoyo consular. Le aconsejaron salir del país con su hija e hijo y aceptó porque el proceso legal podía seguir en Colombia, sin que las influencias de su marido surtieran efecto y ella contando con una red de apoyo mayor, para poder defenderse.
El 11 de febrero salió de su casa con sus hijos y se hospedó en un hotel. Se alistaba para salir de México el 12 de febrero pero recibió la llamada de Sergio León, advirtiéndole que conocía sus planes, que estaba vigilándola y tenía a elementos de la policía en el Aeropuerto Internacional de Cancún para detenerla por sustracción de menores si intentaba abandonar el país.
“Me dijo que iba a llorar lágrimas de sangre, que yo no era nadie y que el de las influencias era él”, relató.
Invadida por el miedo, la mujer canceló el viaje. El 14 de febrero obtuvo de un juez federal la suspensión provisional que establecía que las cosas debían permanecer en el estado en que se encontraban, es decir, ella con sus hijos en su casa.
En el desamparo total
Catalina quiso volver, pero le fue impedida la entrada a su hogar.
Mostró la suspensión provisional, pero abogados de León Cervantes salieron con una patrulla y se negaron.
La mujer tuvo que hospedarse en un airbnb con sus hijos. Para el siete de marzo le fue negada la suspensión definitiva que había detenido la entrega de los menores al empresario.
El 17 de marzo, Catalina llevó a su hija e hijo a la escuela. Horas después, le marcaron para avisarle que debía presentarse en el colegio en donde había abogados, un actuario y personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Los infantes se entregaron a Sergio León, sin permitirles despedirse de su madre. El niño de nueve años tuvo que ser contenido porque no deseaba marcharse con su padre.
Para el 20 de marzo cambió de abogados y se hizo acompañar de Araceli Andrade, quien consiguió que la jueza Padilla le permitiera ver a sus hijos una vez al mes –sábado y domingo– en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) y tener 15 minutos de videollamada supervisada por personal de ese organismo, los miércoles.
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