La construcción del Puente Nichupté, iniciada en octubre de 2022 como una de las obras insignia del gobierno federal en Cancún, Quintana Roo, continúa inconclusa pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de concluirla en un año y medio.
Un reportaje de Televisa reveló, con testimonios de ingenieros que participaron en el proyecto, graves inconsistencias técnicas y ambientales, además de falta de transparencia en los avances.
El puente que no llegó a tiempo
El mandatario federal aseguró que el puente estaría listo en 18 meses como parte de su plan para mejorar la movilidad hacia la zona hotelera. Sin embargo, a octubre de 2025, la obra sigue sin terminar, acumulando críticas por incumplimiento de plazos y deficiencias en la ejecución.
La falta de información oficial sobre su estado actual ha generado malestar entre empresarios turísticos y ciudadanos que esperaban un alivio al tránsito vehicular.
Ingeniería apresurada y daño ecológico
Ingenieros involucrados en el proyecto denunciaron que la construcción se realizó con prisa y sin estudios geológicos adecuados.
Al no haberse investigado a fondo la estructura del subsuelo de la laguna Nichupté, fue necesario modificar el trazado original, lo que provocó la destrucción de cavernas subacuáticas y hábitats naturales.
Ambientalistas advierten que el impacto podría ser irreversible para el ecosistema lagunar, que ya sufre contaminación y presión turística.
¿Obra pública o propaganda?
El Puente Nichupté se suma a otras obras federales señaladas por uso político y deficiente planeación ambiental.
Mientras el gobierno lo presenta como símbolo de progreso, los retrasos, costos crecientes y daños ecológicos alimentan la percepción de que la propaganda superó a la ingeniería.
Consecuencias para Cancún y Quintana Roo
Con una inversión de miles de millones de pesos, el puente fue diseñado para reducir el tráfico entre la ciudad y la zona hotelera, pero su retraso prolongado agrava los problemas de movilidad en una de las áreas más turísticas del país.
Urbanistas y organizaciones civiles demandan rendición de cuentas y auditorías técnicas, antes de que el proyecto se convierta en un nuevo ejemplo de infraestructura fallida en zonas naturales protegidas.
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