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En cumplimiento de las directrices de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, este miércoles se presentaron las ternas para la conformación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo ante la XVIII Legislatura del Congreso del Estado. Este paso responde a los artículos 110 y 110 Bis de la Constitución Política de Quintana Roo, además del decreto 002 de la XVIII Legislatura.
Proceso y composición de las ternas
La presentación estuvo encabezada por la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, y el consejero jurídico, Carlos Felipe Fuentes Del Río, quienes propusieron cinco ternas con un total de 15 aspirantes. Los candidatos son abogados especializados en diversas áreas del derecho y se agrupan en cinco ternas:
- Jorge Arturo Herrera Reyes, Claudia Marcela Pastrana Lagos y Claudia Carrillo Gasca.
- Deydre Carolina Anguiano Villanueva, Mayra San Román Carrillo Medina y Coral Marlene de la Cruz Avilés.
- Amayrani Núñez Medrano, Nayeli de Carmen Solís Poot y Ana Luisa Parrao Guzmán.
- Minerva Maribel Moreno Cruz, Landy Beatriz Banco Lizama y Elsa Noemí Heredia Martínez.
- Marbella Doporto Orozco, Eugenia Maritza Valencia Hernández y Rubí Guadalupe Sulub Cih.
Estos aspirantes deberán comparecer ante la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso local antes de que el Pleno vote para designar a los magistrados que ocuparán los cargos por un periodo de 12 años.
Creación del nuevo tribunal
La creación del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción forma parte de un conjunto de reformas impulsadas recientemente para mejorar el sistema anticorrupción en Quintana Roo. Esta nueva instancia reemplaza al antiguo Tribunal de Justicia Administrativa y contará con salas especializadas en áreas como:
- Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción
- Fiscal y Tributaria
- Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
La reorganización administrativa busca reforzar la política de Justicia Abierta y aumentar la eficacia en el combate a la corrupción.
Este cambio marca un esfuerzo significativo por parte del gobierno estatal para consolidar una estructura más eficiente y transparente en materia de justicia administrativa y anticorrupción, respondiendo a la creciente demanda ciudadana por instituciones más justas y confiables.
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