Redadas ICE: CHIRLA denuncia perfil racial en detenciones
Una ola de miedo se apoderó de las comunidades latinas del sur de California. Según un reporte de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), entre el 6 de junio y el 20 de julio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron 471 redadas en California. Los operativos, que ocurrieron sin parar durante 45 días, se concentraron en barrios latinos de Los Ángeles y el Valle de San Fernando.
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Los agentes detuvieron a un promedio de diez personas al día. Entre los arrestados había mujeres embarazadas, trabajadores de la construcción y jardineros. Muchos de ellos eran residentes legales o ciudadanos, pero fueron detenidos por una sola razón: el perfil racial. El reporte de CHIRLA ha revelado un patrón de detenciones ilegales que provocó pánico en una ciudad con millones de residentes de origen mexicano.
Un patrón de perfil racial
El mapeo de las redadas en California que realizó CHIRLA muestra un patrón claro. Los operativos se dirigieron a zonas con una alta población hispana.
En Panorama City, donde el 42% de los habitantes son de origen hispano, se reportaron 21 redadas. En Pico Rivera, con un 90% de residentes hispanos, hubo 18. Los agentes, sin uniformes del ICE pero con ropa táctica y en camionetas sin identificación, causaban terror en la comunidad.
Según la organización, estas acciones fueron parte del objetivo de la administración federal de detener a 3 mil migrantes al día. La intención era usar estas redadas como una “campaña de miedo y discriminación racial” contra las comunidades latinas en Los Ángeles, una política que generó un fuerte rechazo social y legal.
La justicia frena las redadas
La presión legal y social logró un resultado. Un juez federal determinó el 11 de julio que las redadas de ICE eran inconstitucionales. El juez emitió dos órdenes que prohibieron a los agentes detener a personas sin una razón válida, es decir, sin basarse en su apariencia, su acento, o su lugar de trabajo. También ordenó que los detenidos tuvieran acceso a un abogado, algo que antes no se les permitía.
La ciudad de Los Ángeles se unió a la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reforzando el argumento de que las redadas en California estaban basadas en el perfil racial. La combinación de estas órdenes judiciales y la protesta pública hizo que el ritmo de las redadas se redujera y que se iniciara la retirada de elementos de la Guardia Nacional de las calles de Los Ángeles.
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