La explosión sin control de las rentas vacacionales en Quintana Roo genera una crisis silenciosa y ocasiona que trabajadores estén saliendo de las ciudades turísticas. El encarecimiento y la escasez de vivienda, provocados por la conversión masiva de departamentos en cuartos de Airbnb, ahonda el déficit de empleados en hoteles y restaurantes, mientras las plataformas digitales operan en la impunidad total, sin pagar impuestos locales ni asumir responsabilidades.
David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, alertó que, a diferencia de la industria hotelera formal, estas rentas son “vulnerables para ser utilizadas para toda clase de ilícitos”, incluida la trata de personas.
“En casi todas las ciudades turísticas de Quintana Roo hay una falta de vivienda, la que agrava el actual déficit de trabajadores”, sentenció Ortiz Mena.
El directivo, que también preside la Asociación de Hoteles de Tulum, fue contundente al señalar que el crecimiento desregulado de esta modalidad tiene consecuencias devastadoras para la comunidad local, al desplazar a los residentes para dar paso a alojamientos turísticos.
Frente a un sector hotelero que genera 2.5 empleos formales por habitación y que, según Ortiz Mena, recolecta el 90% del sargazo, las plataformas digitales son acusadas de evadir su responsabilidad social.
“Yo haría las siguientes preguntas: ¿Dónde estuvieron las plataformas digitales durante la pandemia?, ¿mantuvieron el empleo?”, cuestionó el empresario. “¿Dónde están las plataformas cuando toca recoger sargazo?”.
Con el Caribe Mexicano posicionado como un gigante con 136 mil habitaciones de hotel –más que Nueva York–, Ortiz Mena exigió a los municipios actuar. “Aquí el exhorto es que los municipios en nuestro estado dejen de ‘hacerse guajes’ y que le entren”, y pidió regulaciones que limiten la operación de estas rentas para proteger el empleo formal, la vivienda, la seguridad y la imagen del destino.
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