Cancún, Quintana Roo. – Un total de 22 menores de edad, 16 de ellos presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, fueron rescatados por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con la Guardia Nacional, tras el cumplimiento de órdenes de cateo en cuatro domicilios ubicados en la supermanzana 67.
La intervención fue resultado de investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, que logró documentar cómo menores, de entre 10 y 14 años, eran obligados a vender pozol, transportado en contenedores a bordo de triciclos, durante extensas jornadas de hasta 12 horas bajo condiciones laborales precarias.
Durante el operativo, las autoridades rescataron a nueve niñas y siete niños sometidos a estas condiciones, además de asegurar a seis menores más, de entre un mes y siete años, hijos de los presuntos responsables, identificados como Julio “N” y Antonio “N”, quienes fueron detenidos en el lugar.
De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos captaban a los menores en San Juan Cancuc, Chiapas, comunidad de donde ambos son originarios y conocidos. Su modus operandi consistía en atraer a las familias con falsas promesas de empleo bien remunerado en Cancún.
Una vez en esta ciudad, los menores eran forzados a trabajar jornadas extenuantes, recibiendo únicamente 100 pesos al día, pese a que las ganancias por la venta del pozol oscilaban entre mil 500 y dos mil pesos diarios por triciclo, pues tenían 16 de estas unidades, es decir de 24 a 32 mil pesos diarios.
Además, las víctimas también denunciaron que solo se les proporcionaban dos comidas al día.
Durante los cateos, los agentes constataron que los menores vivían en condiciones insalubres y de hacinamiento, motivo por el cual fueron puestos bajo resguardo en una instancia especializada para su atención y protección integral.
Julio “N” y Antonio “N” quedaron a disposición del Ministerio Público, y en el término constitucional correspondiente se definirá su situación jurídica por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.
