WASHINGTON, D.C. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva dirigida al Departamento del Interior para revisar, en un plazo de 90 días, si el lobo gris y el lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi) deben ser retirados de la lista de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. La medida responde a una histórica presión del sector ganadero estadounidense que denuncia pérdidas económicas por ataques de los depredadores a sus rebaños, abriendo la puerta a la caza legal y al control letal de la especie en territorio norteamericano.
La disposición faculta al secretario del Interior, Doug Burgum, para determinar el estatus legal de estos animales, lo que ha encendido las alarmas de agrupaciones ecologistas que advierten sobre el riesgo de un retroceso irreversible en la conservación de una especie críticamente amenazada.
Presión del sector pecuario y alerta de colectivos ambientalistas
El anuncio ha polarizado las posturas entre los productores agrícolas y las organizaciones conservacionistas de América del Norte:
- Argumento del gremio ganadero: Los rancheros del oeste de Estados Unidos han sostenido que el crecimiento de las poblaciones de lobos genera pérdidas considerables de ganado, afectando la producción en medio de un escenario de precios récord en la carne de vacuno y contracción del hato ganadero nacional. El gobierno estadounidense argumenta que la medida busca proteger la certeza económica y la seguridad de las comunidades rurales.
- Impacto en el lobo gris mexicano: Organizaciones de conservación como el Grand Canyon Wolf Recovery Project recuerdan que apenas existen alrededor de 317 ejemplares de lobo gris mexicano en libertad en toda la región. La especie arrastra una fragilidad genética considerable, por lo que debilitar la protección federal y permitir su eliminación letal podría echar abajo décadas de programas binacionales de reproducción y reintroducción.
- Alternativas no letales: Colectivos como el Wolf Conservation Center criticaron que la administración priorice la caza en lugar de financiar medidas preventivas no letales, tales como la vigilancia activa de rebaños, el uso de cercados con banderas o la compensación directa a los productores por pérdidas verificadas.
La resolución final sobre si ambas subespecies perderán el blindaje de la legislación federal se dará a conocer al término del periodo de evaluación de 90 días, en medio de lo que se perfila como un nuevo choque legal en los tribunales estadounidenses entre el Ejecutivo y organizaciones ambientalistas.
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