Chetumal, Q. Roo.- El próximo 11 de junio sera retomada la audiencia intermedia por presunto peculado de más de dos mil 510 millones de pesos que enfrenta el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por enajenación irregular de 18 predios del patrimonio de la entidad.
El juez concedió plazo de dos meses para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) reúna más elementos en contra del imputado.
La contingencia por COVID-19 ha impedido que dicho órgano aporte elementos en la Carpeta Administrativa 159/2017 por peculado en contra de Borge Angulo.
En tal expediente se fundamenta la venta ilegal de 18 predios de terrenos que corresponden al patrimonio de la entidad.
Tales inmuebles fueron subvaluados a través del desaparecido Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo (IPAE), durante el encargo de Claudia Romanillos Villanueva.
El daño comprobado asciende a dos mil 510 millones 532 mil pesos.
Este miércoles se retomó la audiencia intermedia en el Juzgado Oral Penal de Chetumal. Fue virtual y solo estuvieron presentes los involucrados para evitar riesgos por coronavirus.
A solicitud de las partes, el juez autorizó prórroga de dos meses para integrar más datos de prueba a la carpeta de investigación, porque la contingencia ha impedido.
En ese lapso la FECC aportará la mayor cantidad de elementos para se proceda conforme a la Ley y consumar la reparación del daño.
Durante la audiencia, la defensa de Borge Angulo solicitó la acumulación de las otras dos carpetas de investigación que enfrenta.
Se trata de la Carpeta Administrativa 151/2017, por Desempeño Irregular de la Función Pública, por la supuesta entrega irregular de cinco concesiones a transportistas turísticos de Isla Mujeres.
La otra es por la misma imputación aunada a Aprovechamiento Irregular del Poder, clasificada como 154/2017, por presunto desfalco por más de 300 millones de pesos a la empresa VIPSaesa S. A. de C. V.
El juez determinó improcedente la acumulación de expedientes y analizarle en audiencia posterior, porque los asesores de las víctimas no fueron notificados.
