El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, abandonó el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) de Morelos luego de que una jueza federal autorizara la modificación de las medidas cautelares que enfrentaba dentro de un proceso penal que continúa vigente.
La resolución no implica una absolución ni el cierre de las investigaciones relacionadas con el exmandatario estatal, sino que sustituye la prisión preventiva por un esquema de control judicial que incluye resguardo domiciliario y otras restricciones.
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Cambia la medida cautelar
De acuerdo con la determinación judicial, Borge deberá permanecer bajo prisión domiciliaria, portar un brazalete electrónico, cubrir una garantía económica y cumplir con la prohibición de salir del país, entre otras condiciones establecidas por la autoridad.
Especialistas en derecho recuerdan que las medidas cautelares tienen como objetivo garantizar la comparecencia de una persona ante el proceso judicial y no constituyen una sentencia o una declaración anticipada de culpabilidad.
El proceso penal continúa
La modificación de la medida cautelar no significa que el caso haya concluido ni que se hayan extinguido las acciones legales pendientes.
Borge continuará sujeto al procedimiento judicial mientras las autoridades competentes resuelven los asuntos que permanecen abiertos en su contra.
Asimismo, la presunción de inocencia continúa vigente, como ocurre con cualquier persona que enfrenta un proceso penal sin una sentencia definitiva.
Atención sobre investigaciones patrimoniales
La decisión judicial también ha reavivado el interés público en torno a las investigaciones relacionadas con bienes, operaciones inmobiliarias y movimientos patrimoniales que fueron objeto de señalamientos durante y después de la administración de Borge.
Sin embargo, cualquier posible responsabilidad de terceros deberá determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes y con base en las investigaciones que realicen las autoridades competentes.
Un caso que sigue bajo observación
El exgobernador fue detenido en 2017 en Panamá y posteriormente extraditado a México para enfrentar diversos procesos judiciales.
Su situación jurídica ha sido seguida de cerca durante los últimos años debido a la relevancia política del caso y a las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades cometidas durante su administración al frente del gobierno de Quintana Roo.
Con la reciente resolución, Borge deja el centro penitenciario, pero permanecerá bajo vigilancia judicial mientras continúan los procedimientos legales pendientes.
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