MONTERREY, N. L. — En respuesta a la indignación nacional provocada por el caso de “Rocky” —un perro que perdió la vida tras ser arrastrado por una camioneta—, se presentó en el Congreso de Nuevo León la iniciativa conocida como “Ley Rocky”, la cual busca endurecer de forma drástica las sanciones penales contra actos de crueldad hacia los animales.
De ser aprobada, la legislación posicionaría al estado con el marco punitivo más severo del país en materia de bienestar animal, superando la escala de penas vigente en entidades como Nayarit, donde el tope actual es de 10 años de cárcel.
Endurecimiento de penas y registro de agresores
Actualmente, el Código Penal de Nuevo León contempla un castigo máximo de cuatro años de prisión cuando la crueldad provoca la muerte del animal. La iniciativa propone triplicar esa sanción en los supuestos más graves:
- Sanciones de hasta 12 años de prisión: Incremento sustancial de la pena máxima privativa de la libertad para casos de extrema crueldad o fallecimiento.
- Padrón estatal de infractores: Creación de un registro oficial de personas sentenciadas por maltrato animal, obligando a los condenados a la inhabilitación permanente para la adopción o tenencia de mascotas.
- Castigo al abandono: Tipificación severa del abandono en vía pública y de omisiones graves de cuidado.
Proceso legislativo y alcance
Pese a que la iniciativa ha cobrado un amplio respaldo social, la “Ley Rocky” aún debe ser turnada a comisiones, debatida y votada por el Pleno del Congreso de Nuevo León para determinar su aprobación.
Aunque la norma tendría jurisdicción únicamente en territorio neoleonés, colectivos en favor del derecho animal señalan que su eventual ratificación sentaría un precedente jurídico clave para incentivar reformas similares en el resto de los congresos estatales del país.
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