La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha admitido a trámite acciones de inconstitucionalidad contra el decreto por el cual se declararon proyectos de infraestructura como de seguridad nacional y se otorgó su administración a las Fuerzas Armadas. Las impugnaciones 112/2023 y 216/2023 fueron presentadas por senadores y diputados de oposición.
El ministro Alberto Pérez Dayán será el encargado de analizar las objeciones y elaborar el proyecto de sentencia que se discutirá. Cabe destacar que en mayo pasado, la SCJN declaró la invalidez total del decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declaraba todas las obras prioritarias como de seguridad nacional e interés público.
En aquella ocasión, se determinó que la invalidez tenía efectos generales y no se limitaba solo a la competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). Los ministros Norma Piña, Juan Luis Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán votaron a favor de la invalidez total del decreto, lo que impide a cualquier dependencia invocarlo.
La resolución de mayo fue el resultado de una controversia constitucional presentada por el INAI. Con este fallo, se eliminó el blindaje contra amparos y solicitudes de información que había establecido el presidente López Obrador en noviembre de 2021 para sus proyectos considerados como “prioritarios y estratégicos”, incluyendo el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
El decreto presidencial argumentaba que su publicación permitiría continuar con la ruta para impulsar y consolidar los proyectos que llevarían al crecimiento económico y al bienestar social del país. Sin embargo, la declaración de invalidez por parte de la SCJN significa que estos proyectos ya no gozarán de esa designación especial de seguridad nacional y deberán sujetarse a las disposiciones legales y de transparencia correspondientes.
La SCJN continuará el proceso de análisis de las acciones de inconstitucionalidad presentadas, y se espera que emita una resolución en los próximos meses.
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