La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX confirmó que los dos policías implicados ya fueron identificados y citados a comparecer ante la Dirección General de Asuntos Internos, donde tendrá lugar una investigación administrativa. Aún no se han revelado sus nombres ni la alcaldía donde ocurrió el incidente.
Esta situación constituye una violación a los protocolos institucionales y podría derivar en sanciones que incluyan, entre otras, la destitución del cargo .
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Intimidad vulnerada y responsabilidad digital
A pesar de que los actos ocurrieron durante el horario laboral y en un vehículo oficial, la difusión del video ha sido vista como una forma de violencia digital. La activista Olimpia Coral Melo, creadora de la Ley Olimpia, señaló que divulgar este tipo de contenidos íntimos no puede justificarse como noticia viral, ya que afecta de manera desproporcionada principalmente a la mujer involucrada.
El movimiento Defensoras Digitales también condenó el “linchamiento desproporcionado” contra la mujer policía y llamó a que se juzgue la falta administrativa sin recurrir a violencia digital, abogando por una visión más garantista del derecho a la intimidad.
Protecciones legales y visiones expertas
Expertas en derecho advirtieron que los policías, aunque cometieron una falta administrativa, pueden considerarse víctimas de vulneración a su intimidad. Según la Ley Olimpia, la difusión sin consentimiento de contenidos íntimos es delito. Esto aplica incluso si los protagonistas son servidores públicos .
La abogada Valeria Mondragón indicó que, aunque hubo una falta ética, no se trató de un delito, y que la exposición pública de los policías no está justificada. Este enfoque fue reforzado en columnas explicativas que destacan la necesidad de reparar el daño sin revictimizar.
El “delito contra la intimidad sexual” en el Código Penal de la CDMX sanciona con 4 a 6 años de prisión y multas de 500 a 1,000 UMAs a quienes elaboren y difundan material íntimo sin consentimiento. La distribución de estas imágenes también podría implicar responsabilidad penal contra quienes las compartieron.
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