La Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal deberá dar a conocer los resultados de los programas integrales para el desarrollo, implementados como parte del combate al robo de combustible.
Lo anterior por instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Una persona interpuso un recurso de revisión ante el Inai después de solicitar la información a la Secretaría de Bienestar y que la dependencia se declaró incompetente para conocer el asunto.
El caso se atrajo al Pleno del Inai bajo la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.
En el análisis del caso se constató que en 2019 la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la Secretaría de Bienestar sería la encargada de coordinar las acciones sociales contra el combate al robo de combustible mediante la estrategia Programas integrales para el desarrollo.
Algunos de los programas son: Pensión para Adultos Mayores, Emergencia Social y/o Natural, Beca a Víctimas DDHH, Familias Pobres (Antes PROSPERA), Educación Básica 1 o más Becarios, Beca Educación Media Superior y Producción para el Bienestar.
Dichos programas están dirigidos a 91 municipios de nueve estados del país.
Por todos lados aparecían referencias evidenciando que la Secretaría de Bienestar fue la concentradora de diversas actuaciones, de diversas dependencias, para llegar al fin de cuentas a los beneficiarios, personas que están cerca de puntos de donde ha habido y existe el famoso huachicol, que es esta extracción indebida de los ductos de la paraestatal, Pemex”, apuntó el comisionado Acuña Llamas.
De esta forma se concluyó que la dependencia sí es competente para conocer los programas sociales implementados y la instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva, con criterio amplio, en todas las unidades administrativas competentes para entregar la información solicitada.
La Secretaría de Bienestar deberá dar a conocer los resultados de los programas integrales para el desarrollo, implementados como parte del plan para combatir el robo de combustible o huachicol, precisando el presupuesto anual destinado a cada uno, el estado o municipio donde se aplicó y el número de personas beneficiadas, desde su puesta en operación hasta septiembre de 2022.
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Con información de López-Dóriga Digital
