Con 96 votos a favor, el Senado avaló reformas para sancionar a empresas que insistan con llamadas comerciales cuando el consumidor ya manifestó que no quiere recibirlas.
Las empresas que realicen llamadas telefónicas comerciales de manera reiterada y persistente sin autorización del consumidor podrían enfrentar multas de hasta 2 millones 345 mil 728 pesos, de acuerdo con la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor impulsada por la senadora Mayuli Martínez y aprobada por el Senado de la República con 96 votos a favor.
La reforma tiene como principal objetivo frenar el acoso telefónico comercial y proteger el derecho a la privacidad y tranquilidad de los consumidores, particularmente frente a llamadas publicitarias insistentes que continúan aun después de que una persona ha manifestado expresamente que no desea recibirlas.
Uno de los cambios establece que proveedores y empresas que utilicen información de consumidores con fines mercadotécnicos no podrán realizar llamadas telefónicas o utilizar otros medios no autorizados de manera reiterada y persistente con fines comerciales o publicitarios.
Además, el dictamen establece multas de 56 mil 570 pesos hasta 2 millones 345 mil 728.71 pesos para las empresas que incumplan estas disposiciones, particularmente cuando continúen utilizando información de consumidores para fines publicitarios pese a que éstos hayan manifestado su voluntad de no recibir publicidad o estén inscritos en el Registro de Consumidores.
La iniciativa también contempla un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial, en el que las personas podrán inscribirse gratuitamente para manifestar que no desean recibir publicidad mediante llamadas telefónicas. Las empresas deberán consultar y respetar esta voluntad.
Durante su intervención ante el Pleno, Mayuli Martínez señaló que se trata de atender un problema que ha crecido de manera significativa en México:
“Lo que busca atender y resolver es un problema social que creció de manera alarmante en nuestro país y es el acoso telefónico comercial.”
La senadora destacó que la reforma busca devolverle al ciudadano el control sobre sus datos y su privacidad.
“Esta iniciativa lo que busca es proteger la privacidad de las y los consumidores.”
Martínez también subrayó que la ciudadanía no debería tener que rechazar una y otra vez las llamadas comerciales para conseguir que su decisión sea respetada.
“Se trata de una medida concreta y directamente útil para la ciudadanía.”
Finalmente, la legisladora afirmó que la aprobación representa una herramienta para inhibir estas prácticas:
“Con esto estaremos frenando en gran medida el acoso telefónico comercial en nuestro país.”
La reforma busca así establecer consecuencias económicas para las empresas que insistan en acosar telefónicamente a consumidores que ya expresaron su negativa, fortaleciendo los mecanismos de protección al consumidor.
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